Pendientes del calendario (una vez más). Este es el mantra del que parece no desprenderse la política española y, por ende, la valenciana. En un periplo sinfín, las reuniones (más o menos secretas), ofertas y contraofertas se suceden en un intento (no se sabe si baldío) por celebrar el debate de investidura de Pedro Sánchez antes de fin de año. Todo pasa por esa cita previa (valga el símil sanitario) de cuyo desenlace dependerá el desbloqueo en el que está sumido el país desde la pasada primavera.
Pero son muchas las variables que ERC (protagonista indiscutible en esta tragicomedia) quiere incluir en esta ecuación. Su abstención es vital para evitar la celebración de unas terceras elecciones generales de consecuencias imprevisibles.
Lo más inmediato era la resolución de las juntas de tratamiento de las cárceles en las que cumplen condenas los líderes del procés por sedición (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart). Una decisión que finalmente se conoció el pasado miércoles y que supuso para los nueve encarcelados lograr el segundo grado aunque no les permitirá salir de prisión antes de Navidad al no haber cumplido un cuarto de la pena que les impuso el Supremo.
A esta primera variable hay que sumar la decisión del Tribunal de Justicia Europeo sobre la situación del líder de ERC Oriol Junqueras y de si este adquirió la inmunidad al ser elegido eurodiputado el pasado 26 de mayo. En caso de ser así, se decide el próximo día 19, podría influir también en la posición de Carles Puigdemont, huido en Bélgica desde hace más de dos años, que tendría la posibilidad de acogerse a esta resolución.
La justicia también interviene de forma directa en el tercer factor de la fórmula: la sentencia del juicio (se espera para este lunes) contra el presidente catalán Quim Torra por desobediencia, que podría condenarlo a inhabilitación. Y, por último, el próximo día 21 ERC celebra su congreso en Barcelona en el que anunciará sus próximas estrategias y los protagonistas que marcarán la nueva hoja de ruta de la formación independentista.
Un paisaje, en suma, de incertidumbre que mantiene al Gobierno en funciones ocho meses después del 28A y la celebración de dos elecciones generales. Una convocatoria que coincidió con las autonómicas y la reválida de Ximo Puig como presidente de la Generalitat al frente de un tripartito (PSPV, Compromís y Unides Podem) asfixiado por la parálisis de Madrid.
Entre tanto, la llamada agenda valenciana sigue a la espera de la formación de un Ejecutivo que ofrezca soluciones a los problemas más perentorios.
La pasada concentración en València del 23 de noviembre fue la última de un sinfín de protestas y reivindicaciones que unen a la sociedad valenciana frente a la infrafinanciación, la condonación de la deuda histórica y la reivindicación de un incremento de las inversiones que pongan a la Comunitat Valenciana en el sitio que se merece por su relevancia, tanto económica como social, en el mapa del Estado de las Autonomías. Un intento más de alzar la voz que tiene como objetivo acabar con la invisibilidad que sufren las reclamaciones valencianas.
Servicios sociales paralizados
Mientras ERC deshoja la margarita de si se abstiene o no en el debate de investidura de Sánchez, los afectados por los retrasos en los pagos de las ayudas de la Dependencia (el Gobierno debería abonar el 50 % del gasto y no pasa del 12 %) siguen sin saber cuándo acabará su espera, las inversiones en carreteras también siguen paralizadas al igual que el reivindicado y esperado plan de Cercanías (presentado en 2017, pero apenas desarrollado) y las subvenciones a entidades y asociaciones.
Un contexto desfavorable en el que el Botànic aprobó in extremis sus cuentas autonómicas de 2020 con las restricciones devenidas tanto por la falta de Gobierno en España como de las cuentas del Estado.
Cabe recordar que los primeros presupuestos de Pedro Sánchez incluían para la Comunitat Valenciana inversiones reales en 2019 por valor de 1.189 millones de euros. La cifra representaba el 9,8 % del total de España (12.181 millones) y rozaba el 10 % al que se había comprometido el presidente del Gobierno en funciones con el jefe del Consell, Ximo Puig.
Pero todo quedó en un espejismo tras el veto a las cuentas en el Congreso de los Diputados del que se siguen sufriendo las repercusiones con un triste récord: España sigue sin presupuestos generales desde abril de 2018, cuando Cristóbal Montoro todavía permanecía al frente del Ministerio de Hacienda.
