La propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que la exministra de Justicia Dolores Delgado sea designada nueva fiscal general del Estado (FGE) ha dividido a la fiscalía valenciana. El anuncio ha generado malestar e inquietud, pero pocas sorpresas por las circunstancias concretas que rodean la elección de este cargo.
«Nos olvidamos de algo fundamental, el fiscal general del Estado no tiene por qué ser fiscal, sino un jurista de reconocido prestigio, precisamente porque responde a un cargo designado por el Gobierno que se renueva cada legislatura», razonaron fiscales consultados por Levante-EMV. Creen que su elección no favorece a la separación de poderes, pero admiten con desazón que todos los partidos han actuado igual: «Hay que cambiar el sistema de elección ya».
Un sector cuestiona a Delgado porque considera que su nombramiento no se aleja de lo de «la Fiscalía te lo afina»; y otro pide un voto de confianza para una fiscal que ha destacado en la Audiencia Nacional y coordinó durante años la lucha contra el terrorismo.
«Es una fiscal excelente que no ha sido cuestionada por nadie. Quizás no sea bueno para la imagen de la Justicia, pero su nombramiento es bueno para el Estado», consideraron unos fiscales. «Actuamos siguiendo las instrucciones de la Fiscalía General del Estado. Con autonomía, pero conforme al principio de jerarquía, su nombramiento es feo», advirtieron otros.
Los casos derivados del procés catalán y la corrupción son los principales reproches a la elección de Pedro Sánchez, pues lamentan que se traslade la idea de control al papel de la Fiscalía en estos asuntos. «Cada vez que se tome una decisión en estos casos se cuestionará el trabajo que realizan desde las fiscalías y esto es inadmisible».
«¿Qué ha hecho de malo, ordenarle a la Abogacía del Estado que cambie una calificación para poner sedición cuando los jueces han condenado por sedición y han compartido su criterio?», se preguntan otros fiscales.
«No es estético ser ministra de Justicia un viernes y fiscal general un lunes, pero no hay nada de malo en su nombramiento. Esperemos que los hechos cuestionen lo que parece», afirman.
Con autonomía funcional
La Fiscalía General del Estado es una institución independiente e integrada en el Poder Judicial, pero con autonomía funcional.
Su función es promover e impulsar la acción de la Justicia, asegurar la legalidad e imparcialidad del funcionamiento de la Justicia y la protección de los derechos de algunos colectivos más desfavorecidos, como menores o personas con discapacidad. El artículo 124 de la Constitución regula la designación de este cargo. El Gobierno propone su nombramiento tras una selección entre juristas de reconocido prestigio y el Congreso de los Diputados supervisa su idoneidad.
El jefe del Estado realiza el nombramiento oficial y solo se puede cesar por causas determinadas legalmente. Con ello se pretende garantizar su máxima independencia en el ejercicio de sus funciones.
