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Cambios en las aulas

El plurilingüismo llega a la ESO

La ley educativa del Botànic alcanza a Secundaria, FP y Bachillerato el próximo curso y cada centro contará con su proyecto

Un niño contempla una pancarta en defensa de la enseñanza del valenciano, antes de una manifestación celebrada en 2017. eduardo ripoll

El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional se despide en 2019-20 de los conocidos como PEV y PIP, los programas educativos vigentes en la actualidad. A partir del mes de septiembre, el modelo de educación plurilingüe llega a los institutos, después de haberse implantado ya en Infantil y Primaria durante los últimos cursos.

Igual que en los niveles inferiores, para Secundaria, la Ley de Plurilingüismo de 2018 establece unos porcentajes mínimos de las tres lenguas: el 25 % de las horas lectivas debe ser en castellano, otro 25 % en valenciano y entre un 15 y un 25 % en inglés. A partir de ahí, y sin imposiciones, los centros tienen flexibilidad y son los que, de acuerdo con su contexto sociolingüístico y las características del alumnado, deciden su proyecto lingüístico, en el que deben combinar los tres idiomas hasta cubrir el 100 % del tiempo curricular.

La Conselleria de Educación no toma parte, solo aprueba los proyectos cuando los recibe.

Así, antes de marzo, los institutos deberán redactar un proyecto lingüístico para cuatro cursos, en el que concreten el peso de cada lengua, un documento que cada consejo escolar -donde las familias y el alumnado tienen voz- deberá aprobar con dos tercios de los votos.

Con esta ley -para cuya redacción se contó con expertos de las universidades-, el Consell pretende paliar las deficiencias del modelo actual, de 1998, que no logra que buena parte del alumnado de ESO se titule dominando una lengua extranjera y el valenciano, lo que contradice lo establecido en la Constitución, la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) y el Estatut d'Autonomia.

No obstante, la inminente llegada del plurilingüismo del Botànic a la ESO ha generado en las últimas semanas protestas, principalmente en la Vega Baja, donde para explicar en qué consistirán los cambios y que son los centros quienes tienen la última palabra en el peso de cada lengua, la Conselleria de Educación ha realizado varias reuniones informativas, que la semana que viene serán en Requena y Utiel.

En diciembre, el conseller Vicent Marzà y el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, se reunieron con una cuarentena de directores en Orihuela, y esta semana Soler ha vuelto a la comarca, para hablar con las Ampa y los alcaldes. El objetivo de los encuentros es hacer pedagogía y desmentir algunos bulos: ni desaparece la exención lingüística con el plurilingüismo (la establece la LUEV, y sigue vigente) ni se darán el 25 % de las asignaturas troncales en valenciano (la norma regula las horas mínimas, no asignaturas, e indica que se imparte Llengua y otra común a todo el alumnado, sea o no troncal).

Asimismo, las zonas castellanoparlantes y de contextos con poca presencia social del valenciano pueden acogerse al mínimo de valenciano que contempla la ley (un 25 %, dejando el castellano en un 60 o 50 %, según la apuesta que se haga del inglés). Pero, sobretodo, los centros que consideren que su alumnado no está preparado para afrontar el cambio, cuentan con otra posibilidad si la justifican: la de crear un plan lingüístico experimental, también previsto en la ley, que permitiría rebajar el valenciano hasta el 17 % (es decir, Llengua y otra asignatura).

En estos casos, según explican fuentes de Educación, también se aceptará una implantación progresiva del plurilingüismo. Así, en lugar de estar presente en 2020-21 en todos los cursos de ESO y Bachillerato, los cambios empezarían solo en 1º de ESO, donde habrá promocionado el alumnado que ahora cursa Primaria con este modelo. Así la implantación no es de golpe, puede realizarse curso a curso.

A la tercera va la vencida

La del 2018 es la tercera ley plurilingüe que se plantea en la Comunitat Valenciana, pero la primera que llegará a implantarse en todos los niveles educativos. Los consells del PP redactaron dos: una cuando la cartera de Educación la llevaba Alejandro Font de Mora (2008) y otra con María José Catalá al frente (2012).

En el primer caso, el gobierno popular proponía la implantación del trilingüismo, con inglés, valenciano y castellano presentes por igual, un 33 %, lo que suponía más valenciano obligatorio que el mínimo de la ley actual. En el segundo caso, se planteó un 20 % de inglés, y un 50 o un 30 % de valenciano o castellano, dependiendo de cuál se considerara lengua base. La ley de Catalá llegó a implantarse en Infantil y primer ciclo de Primaria, pero su progresión se paró la pasada legislatura, con el decreto de Plurilingüismo del Botànic (tumbado en un primer momento por el Tribunal Supremo, que después fue sustituido por el decreto ley y, finalmente, por la norma actual).

A pesar de que el PP ya preveía cambios en las aulas, la educación y la presencia del valenciano en las clases se ha vuelto a usar como arma arrojadiza -y electoralista- por parte de PP, Ciudadanos y Vox. Estos acusan al Consell de «adoctrinar» y «eliminar el español», a pesar de que la ley permite que sean en castellano hasta el 60 % de las clases (con un 25 % en valenciano y un 15 % en inglés), y una adaptación progresiva, si los centros lo reclaman. Asimismo, además de Valenciano, no es obligatorio que el resto de materias que se impartan en la lengua propia sean troncales (Matemáticas, Historia, Física y Química...), pues la ley solo marca que no sean optativas.

Desde la Conselleria de Educación destacan que la presencia de las lenguas será el resultado de un «proceso de participación en los centros» y que prácticamente el 100 % consensúa sus proyectos. Del mismo modo, afirman que la ley es «flexible y adaptable» e «impecable a nivel normativo, ya que recoge el 25 % que el Tribunal Supremo marca para las autonomías bilingües», y recuerdan que fue bien acogida por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) cuando se aprobó.

Por tanto, consideran que «no es un conflicto educativo ni pedagógico», sino «político» y que «instrumentaliza la lengua». «El núcleo central de la ley tiene en cuenta la realidad social; no hace falta una moratoria porque se permite implantarla curso a curso; y la exención del valenciano sigue vigente. Las principales quejas están resueltas. Por tanto, ese no es el motivo real de las protestas», reflexionan las fuentes consultadas, que indican que se «miente y engaña de manera consciente, para intentar transmitir miedo».

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