Con 91 casos confirmados entre residentes y personal sanitario, el brote en la residencia de ancianos Santa Elena de Torrent se ha convertido, en estos momentos en el más importante de todos los registrados hasta ahora en la provincia de Valencia y en la Comunitat Valenciana y además sigue creciendo.
Según ha podido confirmar este diario, la cifra de contagios no se restringiría solo a ese casi centenar ya que habría varias personas aisladas en sus casas que son usuarios del centro de día, recurso que se cerró el mismo día que se detectó el brote. Según fuentes sanitarias, estas personas que asistían a este centro de día o tienen relación con algún usuario, están aislados en sus domicilios y están siendo asistidos de forma remota desde el departamento de salud del Hospital General de València, al que pertenece Torrent.
Según los datos que aportó ayer la consellera de Sanidad, hay 57 positivos entre los 70 residentes del centro que permanecen, en estos momentos, allí aislados aunque seis han tenido que ser hospitalizados. Son once positivos más que los registrados entre los ancianos un día antes. La cifra de afectados entre el personal sanitario, 34 profesionales según la cifra dada ayer por Barceló, aumenta el número de casos entre el personal un tercio, ya que los positivos hasta media semana eran 20 allí.
Tras la decisión de la Conselleria de Sanidad de «intervenir» todas aquellas residencias de ancianos, públicas o privadas, donde se hubieran registrado brotes de coronavirus, en la de Torrent ya se ha ido incorporando personal del sistema sanitario, 56 profesionales entre médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería.
La otra residencia que preocupa es la Domus Vi de Alcoi en la que el número de afectados entre los residentes se ha mantenido más o menos estable: 58 están aislados en el centro con síntomas y diez están siendo atendidos por la unidad de hospitalización a domicilio del área de salud. En este centro alicantino también hay diez trabajadores afectados y se han implementado refuerzos de sanidad.
Por su parte, las fiscalías provinciales de la Comunitat recabarán información sobre las personas mayores ingresadas en residencias después de la orden dictada por la Ministra de Justicia, Dolores Delgado. La Fiscalía General del Estado anunció ayer que ha establecido en toda su estructura territorial «una red dirigida a recabar información, emitir directrices y actuar eficaz y homogéneamente en los acontecimientos que les afecten», con la atención y seguimiento de estas residencias.
Mensaje de tranquilidad
Desde la patronal de los centros sociosanitarios Aerte, han querido lanzar un mensaje de tranquilidad al insistir en que por el momento solo se han detectado brotes en dos de las 327 residencias de la Comunitat, lo que indica «que el trabajo de contención en centros con personas vulnerables está funcionando». Eso sí, siguen reclamando material como mascarillas, batas y equipos de protección individual (Epis). «Nosotros no necesitamos que nos intervengan, sino que nos doten con el material adecuado», aclaran fuentes de Aerte.
Asimismo demandan que se garantice la realización de los test del Covid-19 tanto a todos los residentes con síntomas y que pudieran ser casos sospechosos como a todo el personal en un intento de contener la expansión del coronavirus y que estos brotes puedan ser más fácilmente controlados.
Desde el domingo pasado, el Ministerio de Sanidad ordenó a todas la comunidades autónomas que, al haber llegado a un panorama en que el virus ya se estaba transmitiendo «libremente» y no hace falta haber viajado a ningún sitio como para ser casos sospechoso, se dejaran de hacer los test a las personas con sintomatología leve y se dieran, automáticamente por caso positivo ordenando su aislamiento domiciliario. Sin embargo, el protocolo tiene ciertas «salvedades» ya que sí recomienda que se haga el test aunque los síntomas de la enfermedad sean leves en aquellos casos en los que sea necesario conocer si hay o no contagio, por ejemplo entre personal de servicios esenciales como policías o personal sanitario. En esta cláusula entrarían también el personal sociosanitario y también colectivos «vulnerables» como los ancianos institucionalizados en residencias.
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