Espera la Renta Valenciana de Inclusión como agua de mayo. La solicitó el 14 de febrero de 2019 y casi un año y medio después ni sabe cómo está su expediente ni cuándo cobrará la ayuda. Tardó lo suyo en poder reunir la documentación requerida para poder presentar la solicitud. Todo eran problemas y todos los consiguió solucionar. En eso «tuvo suerte». En cobrar la ayuda, no tanta.
Se llama Ricardo Mederos, lleva 18 años en València, tiene 66 años, es albañil y vive en una casa okupada en el barrio de Natzaret que rehabilitó con sus propias manos hace años. Carece de ingresos. Desde la llegada de la Covid-19 participa en el programa de alimentos que tiene el Ayuntamiento de València mediante Cruz Roja.
Ricardo sabe que la RVI le cambiará la vida. Por eso sorteó todas las piedras de su camino para poder presentar la solicitud. Y es que, tras años sin papeles, consiguió regularizar su situación de forma temporal. Porque los permisos se renuevan y eso solo se consigue si hay un contrato de trabajo de por medio con unas condiciones determinadas. Llegó el momento de la renovación y al carecer de empleo fijo perdió el permiso de residencia. Sin embargo, consiguió empadronarse en casa de un amigo y logró que una entidad bancaria le abriera una cuenta con el pasaporte, algo parecido a un «milagro» o, según las entidades sociales, la «excepción que confirma la regla». Y así, cuando consiguió reunir todo lo requerido, presentó una solicitud de la que no ha obtenido respuesta ni ingresos.
Aplaude la iniciativa del Gobierno al aprobar el ingreso mínimo vital, pero teme retrasos, demoras y, sobre todo, no poder acceder a la misma por no reunir los requisitos. Ya le pasó con la RVI. Y, con todo, sigue a la espera. «Si cobro la RVI puedo hacerme autónomo y trabajar por mi cuenta. Esa es mi idea porque, al final, cuando eres irregular trabajas en negro y ¿sabes qué?, pues que luego no pagan. ¿Y qué haces? Ya he aprendido la lección, tras demasiados años. Un trabajo de esclavitud que luego ni cobras. Se aprovechan de nuestra vulnerabilidad. Yo soy un currante, mira qué casa he rehabilitado sin nada y con mis manos», explica el hombre, natural de Uruguay.
Desde València Acoge, Sillas contra el Hambre y la Asamblea de Paradas y Precarias de la CGT aseguran que, aunque la ley incluye a las personas en situación irregular como beneficiarios de la RVI, la realidad «es muy diferente porque, al final, nadie les informa, no acceden a la documentación que les piden y se quedan, de nuevo, excluidos de una ayuda que en teoría está diseñada para ayudarles. Y ahora, con el ingreso mínimo vital, pasará lo mismo». Por ello, solicitan a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que informe «sobre las causas que están provocando el bloqueo de las solicitudes de la RVI en los casos en que las personas demandantes carecen de residencia legal y sobre las medidas que se están adoptando para resolver este problema».
Y es que el caso de Ricardo Mederos «ejemplifica el problema de muchas personas». El único dato que existe sobre cuántas personas en situación irregular hay en la Comunitat Valenciana data de 2018. Se trata de un informe jurídico-social de la Universitat de València que cifraba en casi 50.000 las personas que se encontraban indocumentadas.
