Cuando Iliá Repin retrató cómo el zar Iván El Terrible mató a su hijo no se imaginaba que con el paso del tiempo sería considerado un cuadro maldito, una obra que ha intentado ser destruida en varias ocasiones, la última en 2018, y que, sin embargo, sigue colgada de la Galería Tetriakov. Algo similar les ha ocurrido a Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S. A. -más conocida como Ciegsa- y a Sociedad Proyectos Temáticos Comunitat Valenciana S. A., dos empresas públicas valencianas que han cargado con una maldición sobre sus cuentas, su prestigio y que en los estertores del gobierno de Alberto Fabra y la entrada pujante del Botànic en 2015 parecían condenadas a la extinción. Hoy, no obstante, cinco años después, continúan luciendo en el museo de la Administración valenciana.
Esta impresión la resalta, sin comparaciones pictóricas, el Informe de Fiscalización de los Procesos de Extinción de Entidades de las Comunidades Autónomas emitido por el Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador de las cuentas públicas a nivel estatal. En este, se analiza cuánto y cómo las comunidades autónomas habían podado las sociedades, organismos autónomos, fundaciones y consorcios -todos aquellos entes pagados con dinero público- entre los años 2009 y 2016 «con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir el gasto público».
Entre estas destacaban, en el caso valenciano, Sociedad de Proyectos Temáticos y Ciegsa, que aparecían con intención de cierre, pero sin ningún tipo de ejecución al respecto: «El grupo de entes con compromiso de extinción comprende fundamentalmente dos empresas». «Por una parte, la Sociedad Proyectos Temáticos Comunitat Valenciana S.A., con una reducción de 17 personas y unos ahorros de 56.903.670 euros; sin embargo, por disposición de la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, no existe actualmente un mandado legal de extinción de esta empresa». Es decir, ni se ha liquidado, ni hay intención de ello, remarcan desde el Tribunal de Cuentas.
«Y por otra parte, -continúa el documento- la sociedad Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A., con una reducción de 61 personas y unos ahorros de 260.047.138 euros, se encuentra en similares circunstancias, pues la Ley 21/2017 establece como plazo máximo de extinción el 31 de diciembre de 2020».
Ciegsa sobrevive en el imaginario colectivo con los colores de los sobrecostes millonarios en la construcción de colegios y la gestión de barracones. A finales de 2017, el Consell realizó una modificación de la ley 1/2013 de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial retrasando su extinción. A finales del año pasado, el ejecutivo valenciano condonó 20 millones de euros de deuda de Ciegsa con la Generalitat para avanzar a su clausura prevista para finales de este año. En el caso de la Sociedad de Proyectos Temáticos, la entidad fue constituida en 1996 para dar apoyo financiero a los conocidos grandes eventos, dejando un pozo sin fondo de gastos sin ingresos porque como explicó su director en 2018, Antonio Rodes, en Les Corts: «No espere usted que la sociedad Proyectos Temáticos tenga beneficios porque está diseñada como una central de gastos».
Cierre de la mitad de los entes
Además de la continuación de estas dos empresas públicas, el Tribunal de Cuentas critica que «la ausencia de planes detallados de actuación y de control sobre el destino del personal de cada ente, la no disposición de algunos acuerdos del Consell y la escasa o nula información sobre el funcionamiento efectivo de las comisiones técnicas» provocan que desde el organismo fiscalizador no puedan «expresar una opinión sobre la consecución de los objetivos ni de los efectos económicos en materia de personal del proceso de reestructuración del sector público autonómico valenciano durante el periodo 2009 a 2016».
Pese a esta falta de conclusiones, el informe sí que señala que la Administración valenciana había reducido el número de organismos públicos de 103 a 54 entre 2009 y 2016 con un ahorro estimado de 391 millones. Este recorte significa una eliminación del 49% de estas entidades en la Comunitat Valenciana frente al 34% de media del resto de autonomías. Por último, desde el órgano se recomienda que las comunidades «establezcan un sistema de supervisión continua sobre sus entidades dependientes para comprobar que se mantienen los motivos que justificaron su creación».
