El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no veía capaz el pasado mes de mayo que la Generalitat gestionará con eficacia el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la nueva prestación social pensada para hogares vulnerables cuya tramitación sufre un atasco considerable en la Administración del Estado. Ya entonces, el departamento de Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra, pidió participar desde el inicio para evitar disfunciones con la renta valenciana de inclusión puesta en marcha por el Botànic en 2016.
El real decreto del Gobierno central por el que se regulaba la nueva ayuda, pensada para paliar los efectos sociales de la pandemia, priorizó, tal como se había anunciado, la cesión al País Vasco y Navarra y dejaba al resto de comunidades autónomas, incluida la valenciana, a la espera de posibles convenios de colaboración que en todo caso serían firmados a partir de 2021.
Tres meses después y con un colapso considerable en la tramitación del ingreso vital, la situación ha cambiado. Escrivá avanzó ayer tras un encuentro con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que la Comunitat Valenciana será una de las primeras comunidades en firmar este acuerdo de colaboración y que lo más probable (al menos esa es su voluntad) es que este se suscriba antes de finalizar el año.
El IMV centró buena parte de la comparecencia de ambos mandatarios ante los medios de comunicación, una cita que coincidió con la difusión de unos datos que dejan en mal lugar al Gobierno central respecto a su rapidez en hacer llegar a la ciudadanía la prestación estrella del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.
Según los últimos datos, el ministerio solo habría alcanzado a tramitar el 20 % de las demandas y el subsidio habría llegado a unas 80.000 familias. Con todo, si de esta cantidad se descuenta el primer pago de oficio a 76.000 familias, el ingreso tan sólo habría llegado al 1%.
Tramitación compleja
El ministro, sin embargo, puso en cuarentena esta evaluación e insistió que hasta el mes de septiembre no podrá hacerse un balance adecuado y destacó que aquellas solicitudes que estén en proceso de revisión por falta de documentación serán abonadas con carácter retroactivo desde junio.
El titular del ministerio de Seguridad Social y Migraciones admitió los retrasos, pero lo justificó por la gran complejidad de esta renta que, además, se cruza con otras autonómicas como la valenciana. También admitió falta de personal público para su tramitación. Con todo, se reafirmó en su decisión primera en no facilitar desde el principio la cogestión de la renta al Consell, tal como reclamó Oltra. «No habría sido posible», mantuvo y defendió que la puesta en marcha de la prestación sólo la podía haber hecho el ministerio y que ceder dede el principio la cogestión habría sido imposible.
Como ejemplo de la dificultad de hacer partícipe a las Administraciones autonómicas, Escrivá se refirió al caso del País Vasco y Navarra, territorios a los que, según el acuerdo inicial, se les iba a ceder la gestión completa de la prestación: «Al final lo hemos tenido que hacer nosotros», apuntó. Y añadió que era necesario ser rigurosos y evitar el fraude.
Escrivá añadió que no todas las 17 comunidades acabarán cogestionando esta renta estatal y que se priorizará la valenciana por «el interés extremo» que ha puesto. La puesta en marcha de esta renta ha traído de cabeza al departamento de Políticas Inclusivas que tuvo casi que improvisar un decreto exprés para posibilitar la convivencia entre el ingreso mínimo vital y la renta valenciana.
Aún así el tiempo en que ambas rentas han convivido ha generado ya duplicidades en el cobro. Escrivá alabó ayer el hecho de que la Generalitat haya sido una de las primeras en modificar su normativa y tanto él como Puig pusieron en valor el entendimiento entre ambas administraciones.
