Presidencia de la Generalitat Valenciana hizo público ayer tarde el decreto que regulará las nuevas restricciones de Navidad para el control de la covid-19. La nueva norma, que entrará en vigor el próximo lunes, incluye una sustancial diferencia respecto de lo anunciado el jueves por la noche por el president Ximo Puig. Tal como estaba previsto, el límite máximo de personas que podrá reunirse queda circunscrito a seis.

Sin embargo, la Generalitat ha decidido separar entre las reuniones en espacios públicos, donde simplemente existirá la limitación numérica; y los espacios privados, como los domicilios, donde se mantiene el límite de seis personas y se añade como novedad la ‘recomendación’ de que en dicho número no entren más de dos grupos de convivientes. «En todo caso, se recomienda que de dicho número no formen parte más de dos grupos de convivientes», se concreta en el punto 3.3. sobre limitación de personas.

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Si bien el jueves se anunció que estaría prohibida la reunión de más de dos grupos de conviviventes los días 24, 25, 31 y 1 de enero, finalmente, el Consell ha decidido recomendar como medida preventiva. Desde Presidencia se destacó que no fue un error, sino de una decisión adoptada en la mañana de ayer por recomendación de los técnicos de la Conselleria de Sanitat, que consideraron conveniente cambiar la «obligatoriedad» por la «recomendación» para evitar causar agravios mayores entre las familias, después de que se redujera el número de asistentes de diez a seis, un número que sí que permanece invariable. La perimetración de la Comunitat para evitar entradas y salidas y el adelanto a las 23 horas del comienzo del toque de queda, salvo los días festivos más especiales, que será a las 12 horas, sigue como se anunció.

La Generalitat ha pedido a los ayuntamientos evitar cualquier actividad que suponga aglomeraciones en la vía pública, exigir el cumplimiento a rajatabla de los aforos en hostelería y, especialmente, en grandes áreas comerciales y un control estricto en estaciones de autobuses, de trenes, puertos, aeropuertos y carreteras para limitar al máximo la movilidad. Así se acordó ayer en una reunión con las fuerzas de seguridad entre Puig y la delegada del Gobierno, Gloria Calero, y la consellera de Justica, Gabriela Bravo.