La Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática que dirige el vicepresidente segundo Rubén Martínez Dalmau ultima un decreto de desarrollo de la ley de función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana de 2017 para intentar sacar al mercado del alquiler 19.000 viviendas de grandes propietarios en los próximos años. Un procedimiento que afectará a las personas físicas o jurídicas que posean más de diez viviendas. Los pequeños propietarios también podrán participar de este procedimiento, si lo desean, pero de forma voluntaria.
El objetivo es nutrir el mercado del alquiler con las 19.000 viviendas vacías en manos de los bancos o de la Sareb (Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria) que desde 2017 están obligados a notificar a la Generalitat cuántas viviendas vacías poseen. Unas casas que, si continúan deshabitadas deberán pagar un impuesto por mantener la vivienda vacía, según prevé la Conselleria de Hacienda en la ley de acompañamiento de los presupuestos, que entró en vigor el 1 de enero.
El decreto persigue, según la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, «centrarnos en los grandes tenedores de viviendas y establecer cómo determinar que están deshabitadas para facilitar medidas que permitan que dejen de estarlo».
Al tratarse de propiedades privadas, la declaración de «vivienda deshabitada» se realizará mediante un «procedimiento contradictorio administrativo» en el que el gran propietario podrá alegar «causa justificada para estar vacío». El decreto que ultima la Conselleria de Vivienda desarrolla todo este procedimiento administrativo que «es garantista para la propiedad privada, ya que se trata de un procedimiento contradictorio», apunta Pura Peris.
Registro y medidas de fomento
La declaración de vivienda deshabitada supone que el inmueble se inscribirá en un registro e irá acompañado de «medidas de fomento para que el tenedor lo movilice y lo incluya en el mercado del alquiler».
La principal medida de fomento será el programa de intermediación para motivar que estas viviendas salgan al mercado de arrendamientos incluirá como incentivos «beneficios y garantías a los propietarios», según explica a Levante-EMV Pura Peris y María José Guiralt, asesora jurídica de la Vicepresidencia segunda de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. Entre estos incentivos figuran «seguro multihogar y de impagos, inventario de las condiciones en las que está la casa, todo a cambio de que el alquiler no supere un precio máximo». De este programa de intermediación para fomentar el alquiler, la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática pretende que sean «agentes inmobiliarios colaboradores» los que se encarguen de la tramitación y control de los alquileres. Recibirían a cambio «la renta de un mes del propietario, como sucede ahora, y un porcentaje de la mensualidad que paga la persona alquilada». Así se pretende también crear una red de «agentes inmobiliarios» colaboradores con la Generalitat «identificados con un distintivo, lo que les dará clientes y prestigio».
El objetivo para arrancar esta iniciativa es movilizar y sacar al mercado del alquiler unas 500 viviendas este año.
Pura Peris: «No queremos casas vacías, ni personas sin casas»
El decreto de viviendas vacías y deshabitadas será el segundo hito que desarrolle la ley de función social de la vivienda tras el decreto de derecho de tanteo que ha permitido rescatar 235 viviendas de entidades bancarias y la Sareb. «El año de pandemia ha puesto de manifiesto que una vivienda es necesaria para todos los aspectos de la vida. Por ello queremos movilizar las 10.000 viviendas en manos de entidades bancarias y otras 9.000 en manos de la Sareb. Y queremos movilizarlas porque no queremos casas vacías, ni personas sin casas, pero para ello hay que tener mecanismos presupuestarios y normativos para ponernos las pilas y realizar todos estos procesos», asegura.
A mediados de abril
La previsión de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática que dirige el vicepresidente Rubén Martínez Dalmau es que el decreto salga a información pública a mediados de abril para que afectados, interesados o particulares presenten las alegaciones pertinentes. También debe pasar el filtro de la Abogacía de la Generalitat, el Consell Jurídic Consultiu y de otras «conselleries». Si llegara en junio al pleno del Consell, desde Emergencia Habitacional calculan que necesitarían seis meses para «desarrollar la aplicación informática del registro de viviendas deshabitadas, articular el programa de intermediación entre propietarios e inquilinos y crear el registro para los procedimientos sancionadores».
El futuro registro de viviendas deshabitadas, que desarrolla la dirección de Tecnologías de la Información permitirá tener localizadas por provincia, comarca y municipio viviendas deshabitadas y el tiempo que llevan.
