La Agencia Valenciana Antifraude firmó ayer un convenio de colaboración con la Fundación Ciudadana Civio, que tiene como objetivo trabajar de forma conjunta en el desarrollo del proyecto SceMaps, que busca apoyar a las instituciones públicas europeas en la mejora de su gobernanza, también en la lucha contra la corrupción.
La Fundación Civio, junto con el Center for the Study of Democracy de Bulgaria, la Universidad de Trento de Italia y el Expert Forum de Rumanía, trabajan en el proyecto SceMaps financiado por la Unión Europea.
SceMaps es una herramienta de evaluación de riesgos que sirve para identificar las amenazas de captura del Estado en áreas e industrias con una fuerte regulación y supervisar las políticas de lucha contra la corrupción en los estados miembros.
Dentro de este proyecto se encuentra el de la realización de la encuesta Monitoring Anticorruption Policy Implementation, conocida como encuesta MACPI, y que cuenta con el apoyo de la Dirección General de Asuntos Internos de la Unión Europea. En este sentido, la Fundación Civio ha invitado a la Agencia Valenciana Antifraude ha participar en esta encuesta junto a otros siete organismos.
El convenio recoge la realización de la encuesta MACPI en la Agencia Valenciana Antifraude, una encuesta realizada de forma online y anónima a los empleados públicos, así como a los agentes externos relacionados con la Avaf, entre los que se encuentran las entidades y asociaciones que forman parte del Consell de Participació.
Mediante esta encuesta, la Agencia Antifraude podrá evaluar si las «posibles vulnerabilidades» en el ámbito de la lucha contra la corrupción «se abordan mediante políticas adecuadas», o si, por el contrario, «existen carencias de implementación o de regulación, analizar la efectividad de las medidas existentes y proponer en su caso medidas preventivas más efectivas».
Por parte de la Fundación Civio ha firmado el convenio su codirector David Cabo, que agradeció a la Avaf su colaboración para poner en práctica una metodología que «permitirá comparar las respuestas de sus empleados con los de organismos de Italia, Bulgaría y Rumanía» para «conocer mejor cómo prevenir la corrupción y evitar malas prácticas» y que «servirá para formular después recomendaciones que mejoren el funcionamiento de las instituciones europeas».
