Las inversiones del Estado en la Comunitat Valenciana a través de los presupuestos generales han centrado esta mañana la sesión de control al president de la Generalitat, Ximo Puig en las Corts en el primer pleno ordinario del curso.
No solo entre Consell y oposición los puntos de vista sobre las cuentas de Sánchez son distintos, sino entre los propios socios del Botànic. Puig ha defendido que los presupuestos, pendientes de aprobación en el Congreso, consolidan una tendencia en los últimos años que supone que las inversiones del Estado en la Comunitat Valenciana atraviesen el mejor momento de la historia.
Sin embargo, PP y Compromís coinciden en criticar la baja ejecución de las cuentas del Estado. También Ciudadanos. No tiene sentido que los presupuestos se sitúen cerca del peso poblacional de los valencianos en España (sobre el 10%) si luego se ejecuta apenas un 16%, como ha ocurrido en el primer semestre de este año, señalan.
"Los presupuestos del Estado generan una dinámica que ha cambiado", defiende Puig. "Es un fraude, una estafa a los valencianos, la porción de ejecución real no ha subido del 7% en los últimos años", ha rebatido el síndic de Compromís, Fran Ferri.
La síndica del PP, María José Catalá, en su primera sesión de control a Puig, lamenta que las únicas tres palabras que Sánchez dedicó a las necesidades de los valencianos en el 40 Congreso del PSOE el fin de semana fue "buenos días València", lo que en su opinión evidencia la debilidad de Puig. "No se conforme con ser el barón preferido de Sánchez, trabaje por los valencianos", ha reclamado la síndica de Cs, Ruth Merino.
Puig ha respondido a Ferri que es comprensible que algunos proyectos se retrasen porque eso pasa en todas las administraciones, pero ha defendido que este año los presupuestos del Estado incorporan 300 millones para que el Consell decida su destino, algo inédito hasta ahora. "Estamos satisfechos, es un presupuesto significativamente mejor a los que hacía el PP", defiende Puig.
Con todo, el president ha pedido reformas profundas en la ley de Contratos del Estado para que se puedan agilizar las inversiones y ha lamentado que la inversión se haya concentrado durante muchos años en Madrid. Es por ello, ha dicho, que tiene más sentido que nunca reclamar la necesidad de distribuir el poder en España para que no esté solo en Madrid. Como ejemplo ha reiterado que más del 70 por ciento de los contratos del Estado los reciben empresas con residencia en Madrid y ha acusado a la derecha española de querer defender que todos los centros de poder sigan en la ciudad de Madrid.
Puig ha comenzado su intervención recordando la efeméride de los diez años del fin de ETA que deja como lección que la paz y la reconciliación es posible. "Seguiremos trabajando por la paz, la unidad y la concordia", ha dicho. Catalá ha respondido que el único favor que se puede hacer a las víctimas de ETA sería no pactar los presupuestos del Estado con Bildu.
La síndica de Unides Podem, Pilar Lima, ha arremetido contra la hipoteca reputacional que ha dejado el PP, ha aplaudido la reversión del departamento de Torrevieja y ha criticado que la derecha dejara un modelo privatizado con una ratio de profesionales muy por debajo de la media del sistema.
