Empleadas y empleados interinos de administraciones se han manifestado de nuevo hoy martes en València, Alicante y Castelló de la Plana en una jornada de huelga contra el decreto del Gobierno conocido como 'Icetazo' que pretende acabar con la temporalidad en la administración al temer que la norma les deje "abocados al paro".
Tras pancartas con lemas como 'No somos de usar y tirar' o 'Esenciales para el pueblo, invisibles para el Estado', la protesta ha recorrido el centro de València con tambores, pitidos y música, una marcha a la que se han sumado policías locales y bomberos forestales.
La triple manifestación se ha celebrado a dos días de que el Congreso empiece a debatir el Real Decreto 14/2021, de 6 de julio, que acordó el entonces ministro de Función Pública, Miquel Iceta, con los sindicatos CCOO, UGT y CSI·F. El decreto ahora en vigor será modificado de forma que se facilita aún más la conversión de este personal en fijo ya que se prevé que aquellas personas que ocupan una plaza durante más de cinco años puedan consolidar su puesto con un concurso de méritos. Para las plazas ocupadas interinamente durante tres se años se prevé un concurso oposición, pero la fase de la oposición no será eliminatoria. Pese a las mejoras, el texto pactado no satisface al colectivo.
Esta jornada de huelga, convocada por sindicatos como Intersindical, CGT y COS y por la Coordinadora de Personal Público Temporal, pretende exigir a los partidos políticos que recojan en las enmiendas su principal reivindicación: que la consolidación de las plazas se realice mediante un concurso de méritos restringido, no de libre concurrencia, y que se ofrezcan todas las plazas que ocupan los interinos en la actualidad.
Proponen además que los puestos generados en los tres últimos años sí se ofrezcan a todos los que quieran opositar, así como que las indemnizaciones por despido aumenten de 20 días por año a 33 y de 12 a 24 mensualidades.
"Mucha gente se puede ver abocada al paro", ha advertido en la protesta de València el representante de Intersindical Rafa Reig, remarcando que esto "no entra en contradicción" con que nuevos trabajadores puedan acceder al sistema público: "Hay plazas para todos si las crean, pero no lo han hecho en décadas".
Otra de las reivindicaciones de los interinos es que los cambios del decreto también afecten a las oposiciones ya convocadas, no solo a las nuevas, y que puedan acogerse las plazas ocupadas desde hace más de una década. "Son puestos con personal ocupado desde 2005, con lo que los más mayores no se van a poder beneficiar", ha avisado Fran Conde, de la coordinadora de interinos.
En general, los convocantes denuncian que el 'Icetazo' incumple la jurisprudencia europea, el Estatuto Básico del Empleado Público y la ley valenciana de Función Pública. "Deberían mirar qué cosas firman estos sindicatos, porque solo les complace a ellos y a la administración (...) Es un blanqueamiento de sus incumplimientos", ha criticado Pepe Renovell por parte de UGT.
La mayoría de los sindicatos han solicitado en varias ocasiones a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas que ponga el freno a las oposiciones ya convocadas ante la inminente modificación del decreto Iceta y ante la posible repercursión en los procesos selectivos. La conselleria de Sanidad ha frenado ya uno de los exámenes, pero desde Función Pública no hay previsión, al menos de momento, de hacerlo. Sostienen que las nuevas medidas no colisionarán con los procesos en marcha y que habrá plazas suficientes.
