El teletrabajo ha comenzado a extenderse en el ámbito del sector público de la Generalitat mientras que sigue pendiente para el personal funcionario adscrito a las conselleries. En medio de la sexta ola por coronavirus, al menos seis entidades públicas han acordado planes para que su plantilla pueda trabajar de forma no presencial. Así, el teletrabajo se ha regulado ya en el Instituto Valenciano de Finanzas, en Turisme Comunitat Valenciana, el IVAM, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicacion. En estos entes, existe ya un acuerdo que permite al personal acogerse de forma voluntaria a esta modalidad de trabajo no presencial al margen de situaciones excepcionales. En algunos casos, como el del IVF, la regulación es más restrictiva ya que se condiciona a determinados supuestos, como el que la residencia habitual esté a más de cien kilómetros de distancia o que la persona que lo solicite tenga dependientes a su cargo, sea víctima de violencia de género o acoso laboral. Además, la solicitud sólo tendrá validez de tres meses. Sin embargo, en otras entidades como el Ivace (dependiente de la Conselleria de Economía) o Turisme (adscrito a Presidencia) es mucho más flexible ya que se aplica a todos los puestos susceptibles de teletrabajo y permiten que no se acuda al puesto tres días a la semana.

Estas entidades se han acogido al acuerdo del 30 de marzo de la Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental, impulsado por la Conselleria de Hacienda, y que aprobó un marco regulatorio para que la plantilla de los entes públicos pueda teletrabajar. La norma, que fue negociada con los sindicatos sin conflicto, era mucho más flexilble que la aprobada por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas para el personal al servicio de la Generalitat. Así, entre otras cosas, en el sector público no se vincula el teletrabajo a programas que deben pasar por varios filtros antes de ser aprobados. Además, tampoco establecen porcentajes de presencia mínima de la plantilla ni una prohibición general para los puestos de mayor nivel, una cuestión que fue muy controvertida en el decreto de la Generalitat.

El avance de los planes del teletrabajo en el sector público contrasta con la situación de los 16.000 empleadas y empleados públicos de las Administración del Consell, es decir, la plantilla de las conselleries. Para todo el funcionariado, el teletrabajo se acabó el pasado mes de octubre cuando, coincidiendo con la mejoría de la situación pandémica, el departamento que dirige Gabriela Bravo desactivó las medidas excepcionales que mantenían aún a un tercio de la plantilla teletrabajando. A partir de ese momento, la pelota estaba en el tejado de las conselleries que, en virtud del nuevo decreto de teletrabajo, tienen que presentar un programa de teletrabajo. El departamento que dirige Rafael Climent, el que más peleó con Función Pública para lograr un marco regulatorio flexible ha sido el primero (y de momento, el único) en presentar una propuesta de máximos para que toda la plantilla susceptible de teletrabajar (es decir, practicamente la mitad del personal) pueda acogerse a estas fórmula. Sin embargo, el programa no sólo está pendiente de que Función Pública le de el visto bueno. Precisa de un informe de la Dirección General de Nuevas Tecnologías que no acaba de llegar. Otros departamentos están ultimando sus propias propuestas, aunque todo apunta a que están esperando ver la suerte que corre la solicitud de Economía antes de dar el paso.

Mientras tanto, los sindicatos aprietan a la consellera Bravo para, dada la incidencia de la pandemia con contagios de nuevo disparados, abra de nuevo la mano y tome medidas excepcionales que permitan implantar de nuevo el teletrabajo. UGT y CSIF lo han pedido ya formalmente. CSIF, además, apunta de la "incongruencia" que supone que personal que trabaja en las mismas dependencias, en alusión al IVF y la Conselleria de Hacienda. "Supone una discriminación que en las plantas primera y segunda pueda teletrabajar hasta la mitad de la plantilla a diario y en la tercera, toda desempeñe su labor de manera presencial porque le niegan el teletrabajo", denuncia el sindicato en un comunicado. Además, el sindicato insiste en que la conselleria dicte una resolución para que como “deber inexcusable” autorice de inmediato a teletrabajar a empleados públicos con menores a su cargo confinados. El sindicato considera “inadmisible” que las peticiones en estos casos de confinamiento hayan tenido como respuesta que se cojan días de vacaciones o permisos, lo cual supone igualmente un perjuicio en los trámites para el ciudadano en una administración con numerosas vacantes por cubrir.

De momento, la conselleria que dirige Bravo no ha movido ficha y la opinión que se ha trasladado en las reuniones internas con sindicatos es que mientras que no haya medidas extraordinarias sanitarias a las que acogerse o se declare de nuevo una situación de crisis, no habrá nuevas resoluciones. Por otro lado, desde la conselleria se asegura que la incidencia entre el funcionariado es baja.