La Iglesia ha admitido que un millar de inmuebles que inmatricularon (inscribieron por primera vez) entre 1998 y 2015 tras la modificación de la ley hipotecaria que sacó adelante el Gobierno de Aznar no son suyos y se debe a "errores de registro" y en el procedimiento. Concretamente, la Conferencia Episcopal ha detallado que cerca de un millar de propiedades "pertenecen a un tercero, o no le consta su titularidad". Una decena de ellos se encuentran en la Comunitat Valenciana.
Concretamente, según se extrae del estudio elaborado por la Conferencia Episcopal, en la Comunitat Valenciana se inmatricularon entre 1998 y 2015, 907 inmuebles del total de 34.976 en toda España. Una decena de ellos no ha constado la titularidad, pues siete de ellos faltaban datos, dos estaban duplicados y uno se ha catalogado como "otros errores". Además, de los 907, cuatro inmuebles pertenecían a comunidades religiosas o otras entidades, un total de 20 propiedades se adquirieron en otro periodo diferente al de 1998-2015 y en dos casos, el bien era de otro titular. Por último, 29 inmuebles se han catalogado en "otros títulos por adquisición".
Esta información se ha hecho pública esta mañana tras la reunión mantenida entre el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, en la que se ha cerrado un acuerdo sobre las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia en la que esta admite que hay un millar de esos bienes cuya titularidad no les corresponden por "errores".
El Gobierno remitió al Congreso el pasado febrero un listado de bienes inmatriculados (registrados por vez primera) por la Iglesia católica entre los años 1998 y 2015 y la Conferencia Episcopal ha hecho, según ambas partes, un estudio "exhaustivo" con consultas a las diversas diócesis. Se han catalogado los bienes, se han dividido por diócesis y se han verificado los procesos de inmatriculación de cada uno de los bienes.
De ese estudio se ha concluido que hay un conjunto de bienes que considera que pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo. La previsión, a partir de ahora, es que el Gobierno envíe a la Federación Española de Municipios y Provincias el listado y ponga en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información y se puedan, de este modo, iniciar los procesos de regularización que pueda corresponder. La Iglesia, ante esta coyuntura, ha manifestado su compromiso de colaboración a fin de facilitar los procesos.
