Mientras Pablo Casado se esfuerza en atender a la España vaciada y no deja de fotografiarse entre vacas y ovejas consciente de lo que se juega en las elecciones autonómicas de Castilla y León, Isabel Díaz Ayuso legisla para incrementar el efecto centrifugadora de recursos de la capital con normas que faciliten la llegada de empresas de otras autonomías.
Es lo que supone la nueva ley de Mercado Abierto que impulsa el gobierno de la Comunidad de Madrid y que el Consell, el gobierno autonómico que abandera la crítica pública de los privilegios que tiene Madrid frente al resto de autonomías, mira ya con recelo.
La Generalitat está a la espera de lo que pueda deparar la nueva normativa, y sobre todo, como se teme desde el Consell, si se convertirá en un acelerador de lo que ya se conoce como 'aspiradora de recursos', es decir la mayor capacidad que, por el efecto capitalidad, tiene la Comunidad de Madrid para atraer empresas y fortunas de otras autonomías.
La Conselleria de Hacienda ha abierto 60 expedientes por la fuga de empresas que instalan su sede en Madrid para ahorrarse parte de la fiscalidad que tributan en autonomías que no pueden competir con Madrid en bajada de impuestos porque no tienen sus recursos. "No jugamos con las mismas cartas", se queja el conseller de Hacienda, Vicent Soler. "Se está incrementando el efecto aspiradora de recursos de Madrid", añade el titular de Hacienda.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también se refirió en una entrevista en la Sexta a la aprobación del Proyecto de Ley de Mercado Abierto de la Comunidad de Madrid. Lo que Puig detecta es que Ayuso tiene intención de continuar con una política de centrifugación que no contribuye, sino al contrario, la cohesión de España.
Puig ya ha denunciado en numerosas ocasiones los problemas que para el conjunto del país supone la macrocefalia que se ha creado en Madrid, un discurso que ha calado también en otras autonomías que asisten con malestar al crecimiento desmesurado de la capital y su área metropolitana que ha vaciado casi por completo la península y que ya solo tiene contrapeso en las periferias atlántica y mediterránea.
La intención de la nueva normativa de la Comunidad de Madrid es que cualquier empresa, desde un compañía de cualquier tamaño hasta un autónomo, que ya disponga de actividad en cualquier punto de España pueda instalarse en Madrid sin necesidad de ningún otro documento. El consejero de Economía, Javier Fernández-Lasquetty, asegura que con eso se potencia a España.
Pero esa norma no se ve con buenos ojos en la Generalitat, que ya ha denunciado prácticas como el dumping fiscal, la bajada de impuestos que anima a las empresas a trasladarse a la capital y lo que autonomías como la valenciana considera una competencia desleal. También Cataluña ha pedido al Gobierno que intervenga y propicie una armonización fiscal del Estado que frene estas prácticas que en poco ayudan a la convivencia entre autonomías.
Soler asegura que la unidad de mercado solo puede supervisarla el Estado y la Unión Europea
El conseller de Hacienda Vicent Soler asegura que la unidad de mercado solo puede supervisarla el Estado y la Unión Europea y que no es una competencia autonómica y asegura que Madrid se ha aprovechado de forma permanente de la acumulación de recursos que le confiere la capitalidad y que el resto de españoles también han contribuido a que se creara esta riqueza por lo que su posición de atraer empresas de otros territorios le parece insolidaria porque solo vela por sus intereses y no del conjunto.
Soler dice que no sabe exactamente lo que quiere Ayuso y se pregunta si en su propuesta se incluye que las empresas dejen de pasar por ejemplo las exigencias medioambientales o la rebaja de controles.
