Tres psicólogas de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas investigadas en la causa derivada por la inacción y posible encubrimiento de la conselleria que dirige Mónica Oltra tras detectar un caso de abusos sexuales a una menor tutelada, por el que ha sido condenado a cinco años de prisión el exmarido de la vicepresidenta, prestaron ayer declaración ante el juez de Instrucción número 15 de València. Entre ellas están la instructora de la información reservada, una vez judicializado el caso, quien admitió que este expediente fue «irregular» y que en otros casos se paraliza a la espera de resolución judicial.
Asimismo, dicha funcionaria de la conselleria reconoció que no puso los hechos en conocimiento de la abogacía de la Generalitat para velar por los intereses de la menor tutelada. Respecto a los motivos de abrir dicho informe paralelo, la técnica lo atribuyó a órdenes de la directora territorial de la conselleria.
También prestó declaración la psicóloga encargada de la realización del informe del Instituto Espill donde, según las sentencias anteriores, se resta crédito a la víctima, de 14 años cuando ocurrieron los hechos, sobre los abusos por parte del educador del centro de menores.
Otra funcionaria de la conselleria fue interrogada por los motivos por los que no se dio traslado a la Fiscalía de Menores de estos hechos pese a tener conocimiento de los mismos en febrero de 2017. Fueron los agentes de la Policía Nacional que localizaron a la menor en junio de ese año tras una fuga del centro, a quienes ésta les contó que no quería volver porque sufría abusos de un educador —el exmarido de la consellera—, los que dieron parte del posible delito. Anteriormente, las técnicas «no dieron credibilidad» a la menor, según reconocieron en el juicio. En aquella vista, la psicóloga que se entrevistó con la niña durante 45 minutos admitió que no le preguntó en ningún momento sobre los abusos.
Además, también tuvieron que dar explicaciones ayer por el trato a la víctima, a la que en un informe paralelo (la conselleria defiende que es un trámite habitual) se ponía en duda su credibilidad al calificarla de «problemática, mentirosa e incluso violenta». Asimismo, el informe que exculpaba al acusado, emitido en noviembre de 2017, no se remitió a la Fiscalía de Menores hasta dos años después, una vez celebrado el juicio.
En total, figuran como investigadas en esta causa ocho personas, todos ellos cargos de la conselleria o personal del centro de menores concertado de València donde se produjeron los abusos. Entre los citados está la directora Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas y la directora del establecimiento, quienes ya prestaron declaración este pasado lunes.
La causa se inició a raíz de dos denuncias, una interpuesta por la propia menor, representada por el abogado José Luis Roberto (líder de la formación de extrema derecha España 2000), y la otra por la asociación Gobierna-te, que preside Cristina Seguí, próxima a Vox en el pasado. Las denuncias consideran que los hechos son constitutivos de posibles delitos de encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación, denegación de auxilio, abandono de menores o personas de especial protección y contra la integridad moral.
