Las calles se vuelven a llenar de reivindicaciones otro 8M, el primero después de que la pandemia irrumpiera en la normalidad. No son pocas las tareas pendientes que, pancarta en mano, las manifestantes ponen a las Administraciones públicas y sus gobernante. Y mientras en el Consejo de Ministros se aprobaba el III Plan Estratégico de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, el ejecutivo valenciano mira las próximas tareas legislativas que aparecerán sobre su mesa.
La Ley de Igualdad que tiene en marcha la conselleria de Mónica Oltra y la modificación legal que prepara Gabriela Bravo sobre la prostitución son los próximos debates con tintes morados que afrontará el Consell. Ambas medidas están ya avanzadas, pero su aterrizaje en el pleno del gobierno valenciano no será inmediata. Lo que sí que se espera es que puedan estar listas antes de que dentro de un año la legislatura sea finiquitada.
La nueva Ley de Igualdad que preparan en el departamento de Oltra cumple un año de camino. Fue justo el 8 de marzo de 2021 cuando la vicepresidenta anunció el inicio del trámite para su puesta en marcha.
Desde entonces, se han celebrado reuniones con hasta 70 entidades para la consulta previa de un texto legal con el que, según indican fuentes de la conselleria, esperan "ir más allá de un modelo de eliminación de discriminaciones" e impulsar un cambio de modelo productivo.
En este sentido, entre las medidas que se estudian para llevarse a cabo están la promoción de contratación del "género infrarrepresentado" en sectores masculinizados o feminizados; la obligación de que las empresas con más de 50 trabajadores que quieran recibir fondos de la Administración deban mostrar sus tablas salariales por género y edad como forma de combatir la brecha retributiva o el impulso por parte de la Generalitat de la jornada laboral de 32 horas, la flexibilidad horaria y los permisos para los empleados públicos de seis meses como mínimo por nacimiento, acogimiento o adopción en las familias biparentales y hasta 12 meses en las monoparentales.
El Consell estudiará modificar la Ley de Espectáculos para poder multar a los locales en los que se ejerza la prostitución
En estos momentos, según explican fuentes de la conselleria está ultimando el borrador del anteproyecto. Una vez esté finalizado, tendrá que pasar por los órganos institucionales habituales como el Consell Jurídic Consultiu y el Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana antes de que el Consell le dé su visto bueno y lo envíe para su debate final a las Corts, un proceso que podría prolongarse más de medio año.
En la rampa de los asuntos pendientes está también las medidas que quiere impulsar la Conselleria de Justicia para cercar la prostitución. Más allá de la espera de una nueva ley estatal, la estrategia del departamento de Gabriela Bravo se basa en modificar leyes ya existentes. Entre ellas, destaca que se pueda considerar como víctimas de violencia machista a todas las mujeres prostituidas y no solo a las de trata, como hasta ahora se recoge en la normativa autonómica.
También se quiere poner el foco de la abolición en los puteros y los proxenetas. Por eso, además de promover que la administración local multe a quien "consuma" sexo por dinero (para lo que se enviarán modelos de ordenanza a los ayuntamientos), la Generalitat emitirá una sanción administrativa a quien regente un establecimiento donde se lleve a cabo la prostitución.
En este sentido, se deberá cambiar la Ley de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos para incorporar como infracción muy grave permitir o favorecer la explotación de una persona prostituida. La infracción comportará la clausura del local y se extenderá, también, en el caso de que el responsable se haya retirado pero sea otra persona quien solicite la apertura.
Toda normativa en torno a la prostitución generará fricciones entre los tres partidos del Botànic. La posición abolicionista del PSPV no es compartida de la misma manera por Compromís y Unides Podem que muestran más matices. La propia Mónica Oltra aseguró en una entrevista en la Cadena SER que ella no era partidaria del "punitivismo" porque considera que afecta más a las "mujeres más vulnerables".
