Cuatro años después de las primeras detenciones y casi siete desde que comenzaron las primeras pesquisas, la titular del Juzgado de Instrucción 8 dio ayer por finalizado el caso Erial, en el que están investigados Eduardo Zaplana y su círculo más cercano de confianza, dos miembros de la familia Cotino y otro expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas, junto a dieciséis colaboradores más. Un total de veinte investigados por los presuntos delitos de "organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad en documento público", según el auto de transformación a procedimiento abreviado.

Tras la instrucción realizada en los últimos seis años y medio, la magistrada considera que "existen indicios de que nos encontramos ante una organización formada por personas que aprovechándose, algunas de ellas, de los cargos políticos que ostentaban en el momento de los hechos, o que habían ostentado a lo largo de varios años, junto con empresas existentes o creadas exprofeso, facilitaron la obtención de contratos públicos obteniendo todas las partes beneficios económicos -unos en mayor cuantía que otros- (...) que posteriormente fueron objeto de blanqueo y otros delitos".

En el mismo auto notificado ayer la magistrada también ha decidido sobreseer la causa contra la mujer y una de las hijas de Zaplana. Señala que "no se ha podido acreditar que Rosa Barceló tuviera conocimiento del origen ilícito del dinero utilizado para la compra de un vehículo (un jeep) ni tampoco de los otros fondos empleados por Eduardo Zaplana que se han descrito. [Y ] lo mismo hay que decir de la hija, María Zaplana Barceló. No apareciendo ninguna de las dos, como sucede con las mujeres de otros de los investigados ostentando cargos en sociedades del entramado". 

La instrucción judicial que ahora finaliza fue bautizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como «Erial», una metáfora de la administración esquilmada tras años de presuntos cobros de mordidas por parte de Eduardo Zaplana y su círculo cercano de colaboradores  a cambio de adjudicaciones en el Plan Eólico y las inspecciones técnicas de vehículos (ITV). Los responsables de esta macrocausa de corrupción, el Juzgado de Instrucción 8 de València y la Fiscalía Anticorrupción junto a la UCO, calculan que en esta trama con ramificaciones internacionales se llegaron a movilizar más de veinte millones de euros. De esta cantidad, la justicia ha conseguido recuperar 6.734.026,1 euros. Un dinero que permanece ingresado desde 2019 en la cuenta del Juzgado de Instrucción 8, tras la confesión del presunto testaferro uruguayo de Zaplana, Fernando Belhot, que ingresó voluntariamente esta cantidad que, supuestamente, le había entregado el exministro de Trabajo, para realizar inversiones.

Otros quince millones ingresados en cuentas de Andorra, "obtenido por comisiones ilícitas, no ha sido recuperado en su totalidad ya que parte del mismo fue intervenido por las autoridades andorranas (país con el que no existe acuerdo de cooperación judicial), y otra parte fue entregada al titular de las cuentas" el amigo de juventud y supuesto testaferro de Eduardo Zaplana, Joaquín Barceló. El entramado de sociedades investigadas en el caso Erial se extiende por España, Uruguay, Panamá, Luxemburgo y Andorra.

Sobre la trama, la magistrada señala que el grupo "estaba dirigido por Eduardo Zaplana" y formado por personas con "vínculos de amistad" como Joaquín Barceló, amigo de juventud del exministro, miembro de la peña Picarol y exdirector general de Turismo y de relaciones institucionales de Terra Mítica. El auto señala que Barceló es "el principal testaferro de Eduardo Zaplana, aprovechándose éste de la amistad existente entre ellos, y de la existencia de una confianza debida a dicha relación". Barceló era el administrador único y «la parte esencial del entramado empresarial» utilizado para evadir el dinero a Andorra (donde era propietario de cuatro empresas panameñas) y retornarlo a España desde Luxemburgo, país donde ingresaban las mordidas del Plan Eólico y las ITV los Cotino, a través de mercantiles como Costera del Glorio, Medlevante o Gesdesarrollos Integrales. Estas empresas "valencianas" fueron las utilizadas para las inversiones inmobiliarias en la Vila Joiosa, Altea, la exclusiva urbanización La Finca de Madrid o la compra del piso en la calle Núñez de Balboa de la capital madrileña.

También formaba parte de este entramado Francisco Grau Jornet, abogado, asesor fiscal, economista y profesor de economía financiera y contabilidad en la Universidad de Alicante (suspendido tras ser detenido). Grau Jornet fue miembro de la comisión de control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y representante en Terra Mítica. El economista es, según los investigadores de Erial, «el artífice de toda esta ingeniería» financiera creada para ocultar el cobro de mordidas y blanquear el dinero obtenido. Grau tuvo una participación activa «tanto en la creación del entramado» como en «su administración prolongada en el tiempo». Barceló y Grau también pasaron casi nueve meses en prisión preventiva, al igual que Zaplana. Las esposas de ambos presuntos testaferros también están investigadas por forma parte activa de las mercantiles de la trama.