Quizá si la exconsellera de Sanidad Carmen Montón hubiese tenido más tiempo al frente del Ministerio de Sanidad (dimitió apenas tres meses después de llegar por el escándalo de irregularidades en un máster), el anteproyecto de ley de equidad de la sanidad que acaba de aprobar el Consejo de Ministros hubiera estado listo antes. O quizás no, pero lo cierto es que las bases de esta ley, según las ha explicado la ministra Carolina Darias, se parecen, y mucho a lo que Montón en su día puso en marcha en la Comunitat Valenciana y quiso exportar al resto del territorio español desde los despachos del ministerio.
Ha sido ahora, tres ministros de Sanidad después y una pandemia mediante, cuando el gobierno de Pedro Sánchez ha arrancado la tramitación de esta norma que exporta el modelo de sanidad valenciana que puso en marcha y consolidó el Botànic desde su llegada en 2015: apuesta decidida por la gestión pública de la sanidad, universalidad en el acceso, eliminación de los copagos o procurar, de una vez por todas, la cohesión del sistema, que cualquier ciudadano pueda acceder a los mismos servicios sanitarios se encuentre en la autonomía que se encuentre.
De hecho, la norma busca "consolidar esos vectores principales" de la sanidad pública, tal como ha asegurado la ministra Darias, algo en lo que en la C. Valenciana se lleva trabajando desde 2015. Un camino que no ha sido fácil en estos años porque salvo pequeños retoques normativos, los avances en esta consolidación de una sanidad universal y más equitativa se han tenido que ir ganando en los huecos de la normativa que todavía está en vigor de tiempos de Aznar y Mariano Rajoy.
Coto a la privatización de la sanidad
Y es que el camino, por ejemplo, de priorizar la gestión directa y revertir concesiones sanitarias que estén en manos privadas será gracias a esta ley más fácil para el resto de comunidades. La Comunitat Valenciana ha sido pionera con las reversiones de las áreas de salud privatizadas primero de Alzira y después de Torrevieja o del servicio de resonancias. Aunque este camino de consolidación de lo público se ha tenido que ir construyendo conforme terminaban los contratos y no sin problemas judiciales, ya que la gestión indirecta de la sanidad sigue amparada por la ley 15/1997 firmada en su día por Aznar.
Según Darias, desde Madrid quieren ahora derogar esta norma que permite "nuevas formas de gestión" del Sistema Nacional de Salud y dejar como "excepcional" la gestión indirecta de la sanidad, además con unos requisitos específicos a cumplir.
La nueva ley, como hace la normativa valenciana desde abril de 2018, también incluirá en su articulado la priorización de la "gestión directa" como la mejor manera de gestionar la sanidad. Con estos cambios, el gobierno de Sánchez busca "blindar" la sanidad como un servicio público y limitar las privatizaciones, algo que ya han criticado desde la patronal de la sanidad privada, lo que augura un camino no especialmente fácil, como tampoco lo ha sido aquí.
Acceso realmente universal
Lo mismo se quiere hacer con esta ley en cuanto a universalidad en el acceso a la sanidad, que se restringió a partir de 2012 y solo dejaba excepcionalidades como la atención en urgencias, menores o embarazadas. El permitir el acceso universal a la sanidad fue uno de los empeños de Montón a su llegada a la Generalitat Valenciana pero el Tribunal Constitucional acabó con la iniciativa legislativa en la que se trabajó por invadir competencias estatales. Se trabajó con normas internas a falta de un cambio legislativo estatal que llegó algo más tarde, en julio de 2018, pero que ha dejado huecos en la interpretación que siguen generando problemas de acceso a la sanidad a personas sin papeles.
Según Darias, estos se quieren corregir ahora y se amplían los derechos de asistencia sanitaria a personas solicitantes de protección, familias reagrupadas o personas españolas de origen. Unos cambios legislativos que terminarán de allanar el camino a los esfuerzos que se llevan haciendo aquí en los últimos siete años.
65 millones en ayudas para evitar el copago
La nueva ley de equidad y universalidad del Sistema Nacional de Salud también quiere eliminar algunos de los copagos sanitarios que también introdujo el real decreto 16/2012 tanto para tratamiento farmacéuticos como en acceso a productos de ortopedia y prótesis. En la C. Valenciana, el Botànic apostó en 2016 por subvencionar a los colectivos más vulnerables para evitar este copago farmacéutico (personas con diversidad funcional, pensionistas de renta baja, menores, desempleados o familias monoparentales) conscientes de que, una vez más, iba a ser difícil enmendar una normativa nacional.
Desde entonces, la cartera de subvenciones se ha ido ampliando y anualmente 1.335.406 valencianos están exentos de este copago en farmacia y 5.627 personas con diversidad funcional, están liberadas del copago ortoprotésico gracias a una inversión total de 65 millones de euros. De nuevo, la ley nacional sigue los pasos de los avances dados en la C. Valenciana.
Por último, la nueva normativa nacional busca la cohesión del sistema con una cartera única de servicios y evitar que, según la predisposición de cada autonomía, se ofrezcan antes en unos territorios que en otros el acceso a ciertas intervenciones o técnicas a costa del erario público. Ha sido el caso aquí, por ejemplo, del acceso a los programas de reproducción asistida para mujeres solas o parejas lesbianas.
El ministerio dejó fuera esta posibilidad en época del PP pero la C. Valenciana fue una de las primeras en optar por recuperar este derecho, que se restituyó en 2018. Montón quiso hacer lo propio en toda España a su llegada al ministerio e inició los trámites pero la cartera de servicios estatal no ha reincorporado este derecho esta noviembre de 2021.
