El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería impulsada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escriva, de la que más de 50.000 migrantes irregulares que residen en la C.Valenciana podrían beneficiarse. Esta cifra es una estimación del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València (UV) ya que es imposible saber con seguridad cuántas personas carecen de documentación en regla.
La nueva norma trae tres principales novedades. Para empezar, facilita a los empresarios la contratación en origen -antes solo estaba limitada a los temporeros-. Lo hace otorgando un permiso de trabajo de cuatro años que les permitirá emplearse nueve meses por ejercicio. Si la persona vuelve al país de origen se le premiará con un permiso de residencia y trabajo de dos años prorrogable.
En segundo lugar, permite a los estudiantes de fuera de la UE matriculados en España trabajar y asentarse con más facilidad en el país, dándoles la posibilidad de emplearse hasta 30 horas semanales. Por último, abre nuevas vías para que las personas se regularicen con fines laborales. Una de ellas es el arraigo por formación, en el que se concederá una autorización de residencia para formarse en las ocupaciones en las que se necesita más mano de obra si se demuestra dos años de estancia en España. Se permitirá que el extranjero se quede si logra un contrato de trabajo. Además también se eliminan muchas trabas que existían sobre procesos como el arraigo social, para el que eran necesarios tres años de estancia irregular en España y un contrato de trabajo de un año.
Escrivá dejó claro que la iniciativa, que ha contado con el apoyo de varios ministerios, tiene como principal objetivo la incorporación de extranjeros al mercado laboral. Para ello modificará el catálogo de puestos de difícil ocupación (que antes estaba compuesto por personal de buque, entrenadores y deportistas de élite) para incluir en cada momento los sectores de la economía donde se necesita más mano de obra.
La nueva normativa ha contado también con el apoyo de las principales asociaciones y entidades relacionadas con las migraciones, que lo ven como un paso adelante, pero al mismo tiempo lamentan que esté "incompleta". Así la califica la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) que lamenta que se deje de lado "a personas en situación de especial vulnerabilidad". Daniel Martínez, abogado extranjerista del Servicio Jesuita a Migrantes también incide en este punto, ya que la norma habla de construcción, transporte, hostelería y digitalización como "sectores clave" para la economía para incorporar mano de obra, pero deja fuera otros como la agricultura o el empleo doméstico. "En esos sectores hay un gran porcentaje de informalidad y la reforma no va a acabar con la precariedad de esas personas", denuncia Martínez.
La norma también fomenta la llamada migración circular (personas que emigran para trabajar y luego vuelven a sus países), y en este tema hay variedad de opiniones. Martínez critica que "se responde a las necesidades de mercado, pero no es un modo de vida sostenible a largo plazo para quien quiere establecerse aquí". Por contra, Papa Balla Ndong, presidente de la Federación Unión Africana y migrólogo lo ve como algo muy positivo. "La gente siempre habla de migración circular como algo peyorativo. Pero yo como migrante pienso que la mayoría de inmigrantes africanos y senegaleses quieren venir, trabajar unos años y volver a su barrio, con su familia, y poder abrir una tienda o un pequeño negocio", explica.
Desatascar extranjería
Fuera de la nueva norma, asociaciones de abogados están preocupadas por el estado de las oficinas de extranjería en toda España a la hora de tramitar permisos. "En Madrid hay ocho meses de espera (la obligación es contestar en 90 días), también en Cataluña y en València son seis meses", denuncia Martínez. Paco Solans, abogado portavoz de Extranjeristas en Red también apunta en esta dirección; "si no se soluciona el colapso que hay actualmente la norma no tendrá efecto en la práctica", afirma.
De hecho, Solans reclama como medida para solucionar el atasco la "concesión provisional" de la mayoría de solicitudes, facilitando así "la contratación al empresario y la integración a la persona, detectando a posteriori los posibles casos de fraude", apuntó.
CEAR, por si parte, critica que "continúan sin abordarse cambios normativos que garanticen la plena integración social y laboral de las personas migrantes que ya viven en España en igualdad de condiciones" y fija como retos pendientes "la regularización de los no nacidos en España si su padre tiene permiso de residencia y la reagrupación de las familias". Tanto la Comisión de Ayuda al Refugiado como SJM han tachado la nueva regla de "utilitarista", es decir, que ve a los inmigrantes como mano de obra.
