No hay manera de pedir asilo en València. Ni aunque uno se levante y aporree la tecla del ordenador en el mismísimo segundo que se liberan cada semana, a las 09:30 de la mañana los viernes. El sistema está colapsado desde hace meses, y los migrantes que quieren ejercer su derecho a pedir protección internacional ya no saben qué hacer para sacar sus documentos y ponerse a trabajar para normalizar su vida, que es lo único que buscan.
Y no es que no haya citas, las hay. Pero son muy pocas y todas son captadas por bots, aplicaciones informáticas al servicio de particulares o gestorías que consiguen hora mucho más rápido que cualquier humano. Las citas se acaparan en pocas manos, y si un migrante quiere una no le queda más remedio que pagar en el mercado negro.
Esta no es una situación nueva, este diario denunció hace un mes que ya estaba pasando. La novedad es que el atasco en Extranjería y la desesperación han provocado que suban las tarifas. "Antes mucha gente conseguía por 30 euros, ahora tienes que pagar 80 o 120. Hasta cuatro veces más", cuenta Susej Deseño, abogada venezolana que coordina la protesta de los solicitantes de asilo.
Por este y muchos otros motivos, decenas de solicitantes de asilo, sobre todo venezolanos y colombianos, se han concentrado hoy frente a la Delegación del Gobierno de València. Reclaman que se abran más comisarías para acelerar las citas (ahora mismo solo está para ese fin la de Zapadores) y que se agilice el sistema ya que hay personas que llevan más de 7 meses en València sin posibilidad de encontrar cita. Deseño explica que la anterior delegada del Gobierno, Gloria Calero, les prometió un plan de choque que nunca llegó y que la situación sigue igual desde que la policía perdió todas las solicitudes de asilo el pasado mes de marzo.
Durante la concentración los solicitantes de asilo han entregado un documento en la Delegación y una lista con más de 200 firmas de personas afectadas por la falta de citas. Su preocupación no solo es con el asilo, ya que muchos otros trámites de extranjería están colapsados.
Uno de ellos es la renovación de los documentos para quienes ya tienen protección internacional, lo que puede hacer que les caduque. La expedición del arraigo social y laboral también acumula unos 8 meses de retraso, cuando la obligación de la Administración es responder en un máximo de 90 días.
Miedo a las deportaciones
Toda esta situación está provocando, como explica Deseño, que muchas personas viajen a comisarías de otras comunidades para tratar de conseguir sus documentos allí. Una de ellas es Madrid, que ahora mismo vive una situación muy similar a la de València. La abogada critica las dificultades cada vez mayores de los trámites para extranjeros de la ciudad, incluidos algunos a priori sencillos como el padrón, que también está dando problemas. "Todo es una trampa, todo está atascado, tienes que pagar a un abogado para todo y cada vez es más difícil y enrevesado", se queja Deseño.
Hay solicitantes que llevan sin la documentación en regla por culpa de la falta de citas más de medio año, lo que está aumentando el miedo a las deportaciones. Deseño asegura que hay familias en una situación crítica a nivel emocional y con verdadero miedo a salir a la calle o a que la policía les pueda identificar y deportar por no tener documentos en regla. "Pedir asilo es un derecho y nos están privando de él", lamenta.
La única vía de escape para estas familias atrapadas en un limbo migratorio es la economía sumergida, muchas veces sinónimo de explotación laboral. Álvaro es un ejemplo. Tenía un buen puesto de trabajo en Colombia, con su mujer y su hijo hasta que fue amenazado de muerte por la guerrilla. Vendió todo, dejó su trabajo con mucha pena y se presentó aquí. Explica que le han intentado contratar en varios trabajos porque él tiene formación superior, pero se da con un muro cuando cuenta que no tiene papeles. Como tristemente sucede en estos casos, ha acabado en la naranja.
Trabajó una semana entera y no le han pagado ni un euro. Como no tiene papeles no tiene derechos. Se levanta a las 7 de la mañana y dobla la espalda hasta las 7 de la tarde y cobraba 75 céntimos por capazo de 12 kg. Pero no solo eso, además tenía que pagar el pasaje y la gasolina de la furgoneta que le llevaba al campo donde era explotado, unos 10 euros por el viaje. Había días en que, si recogía unos 40 capazos y restando los diez euros del viaje, ganaba unos 28 euros por once horas de trabajo físico.
Él tiene formación en administración de empresas, pero aquí en España es como si no tuviera nada. Solo pide "ahorrar todo este sufrimiento para la gente sacando citas, porque los bots nos están desangrando". Ever Olmedo también querría tener un trabajo decente, pero está en el pimiento, con unas condiciones un poco mejores que en la naranja: explotación laboral de personas a las que no le queda otra, pero no tanto. Ambos reclaman poder acceder a su documentación, tener un trabajo amparados bajo la ley, con una jornada normal, emplearse y dar de comer a sus hijos. Nada más que eso. "Somos personas honestas y humildes. Solo queremos citas y solo queremos trabajar en vez de estar aquí explotados", denuncia Olmedo.
