En la segunda sesión de declaraciones en el juicio del llamado ‘caso Alquería’ cuatro de los acusados se limitaron a negar cualquier tipo de participación en la toma de decisiones de Divalterra y alegaron tener una «nula capacidad de decisión» en la contratación de altos cargos, tirando todos ellos balones fuera sobre su presunta responsabilidad en estas presuntas irregularidades para favorecer a personas afines al partido y apuntando de nuevo al exjefe de los servicios jurídicos de Imelsa-Divalterra, José Luis Vera, como ya hizo el día anterior el expresidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez.
El primero en declarar fue Ricard Gallego, jefe de gabinete del expresidente de la Diputación y actual alcalde de Ontinyent. Al igual que harían posteriormente los otros tres procesados, Gallego se acogió a su derecho a solo responder a las preguntas de su letrado. El periodista asegura que su función era meramente la «comunicación política». De hecho durante su declaración remarcó que su formación es el Periodismo y la Literatura y que no tenía ninguna capacidad en materia de contratación. Así se dedicaba a labores de «protocolo de actos públicos, atender a alcaldes, recibir información que sintetizaba para que Jorge la tuviera». También llevaba la agenda del presidente de la Diputación de Valencia y ejercía de comunicador de Jorge Rodríguez ante los medios. «Tenía mucho interés en cambiar la imagen de la Diputación que había tenido muchos problemas», apuntó.
Así, insistió en que Divalterra «tenía sus propios asesores jurídicos y económicos» y que él se centraba en potenciar en los medios la imagen de la Diputación y que «nunca» participó en las decisiones adoptadas ni siquiera estuvo presente en noviembre de 2016 en las reuniones en las que se trató sobre las contrataciones.
De igual modo, indicó que Presidencia no tuvo conocimiento de que había informes que cuestionaban la contratación de altos directivos hasta abril de 2018. De hecho, se sintieron «fastidiados» porque la labor que la Diputación estaba realizando se esta viendo «oscurecida» y echó un capote al presidente y a la vicepresidenta, al asegurara que ambos «hacían lo que les recomendaban los técnicos».
Por su parte, el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, afirma que «no tenía ni voz ni voto» en las contrataciones. En todo casos reingresó en la Diputación en 2016 y no fue hasta un año después cuando fue nombrado secretario, por lo que afirma que no pudo intervenir en las contrataciones de 2015. Sobre su función en Divalterra consistía en que todos los acuerdos del consejo de administración «no tuvieran ninguna tacha de ilegalidad». «Nuestra misión era únicamente asesorar legalmente no dirigir absolutamente nada», insistió.
Mientras que el asesor Manuel Reguart argumentó que carecía de la formación jurídica y que no participó en la selección de candidatos, ni aportó ningún currículum. Sobre las conservaciones de whatsapp intervenidas, esgrimió que él siempre «hablaba de perfiles, de capacitación y de experiencias, no de nombres».
Por último, el gerente Xavier Simón aseguró que «jamás se presionó a nadie» a la hora de los contratos y que éstos estaban «bien hechos legalmente».
