El exgerente de Divalterra y político del PSPV, Víctor Sahuquillo, declaró ayer como testigo en el caso Alquería que fue nombrado "cogerente por la confianza en ese momento de quienes tenían que hacer el nombramiento. Por la confianza que tenía conmigo el señor presidente de la Diputación de València", en referencia a Jorge Rodríguez, actual alcalde de Ontinyent. del que apenas pronunció su apellido después de que el fiscal le insistiera tres veces en que identificara a quién lo nombró. 

En su comparecencia, Sahuquillo pasó de puntillas sobre los correos críticos y casi visionarios que remitió a Rodríguez cuando estaba al frente de Imelsa-Divalterra. En ellos advertía que "la dirección de la empresa construyó una dirección, basada en contratos de alta dirección de libre designación, que en cualquier momento puede estallar". O que "los socios en la Diputación de València -en 2015 PSPV, Compromís, València en Comú y Esquerra Unida-- están dispuestos a que todo continúe igual en tanto que están haciendo la misma política que estuvo haciendo el PP pero ahora reconvirtiéndolos a sus filas ideológicas". Además de evidenciar las guerras internas que se produjeron en la Diputación de València no solo con Compromís, sino también en el mismo seno del PSPV.

Sahuquillo sostuvo ayer que no se acordaba de estos correos. Y que simplemente se trataba de "reflexiones mías con mis impresiones" que enviaba al presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, aunque defendió que éste no llegó a contestarle a ninguno de estos mensajes.

Sahuquillo sí admitió haber encargado varios informes jurídicos sobre las contrataciones de altos directivos. Explicó que lo hizo porque "a raíz de una auditoria que anota que puede haber algún tipo de irregularidad sobre estos contratos, se suscitan comentarios dentro de las reuniones con los jefes de servicios jurídicos. Ante esta situación solicito que informe a quienes estaban asesorando a la empresa y para que se me informe. No soy jurídico y necesitaba saber", justificó.

La jornada de ayer del caso Alquería, que tuvo un marcado carácter político, también declararon responsables de Compromís que justificaron los contratos de alta dirección en Divalterra, como un "cinturón higiénico" contra la corrupción en Imelsa, ambas empresas públicas de la Diputación de València.

Los tres testigos de Compromís destacaron que en las contrataciones de los altos directivos se buscaba un perfil "profesional" ante la situación en la que se encontraba la empresa (en referencia a Imelsa, que luego pasó a ser Divalterra) "intervenida y con la UCO (en referencia a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) en la puerta", ha declarado Xavier Rius a preguntas del abogado del PP, que ejerce la acusación popular.

"Se trataba de buscar personal cualificado de cierta confianza. Crear un cordón sanitario, porque la situación era de pena y teníamos una responsabilidad política: o tirar a 600 personas a la calle (en referencia a los brigadistas) o adoptar alguna medida, un cinturón higiénico con personal de alta cualificación que no nos metiera en otra situación similar y que la empresa continuara", declaró. Rius sostuvo que no se buscaba la afinidad politica sino "personas de confianza, con mucha cualificación para que estuvieran los mejores posibles".

En el mismo sentido se ha manifestado el exdiputado Emili Altur. "No dudábamos que lo que se había hecho era correcto. Era como una barrera sanitaria". Y el criterio para seleccionarlas fue, según Altur, "que fueran competentes, no necesariamente que fueran de ningún partido. A mi me interesaba que fuera un profesional y que supiera de lo que iba", ha declarado.

Por último, Josep Bort también ha declarado que "no todos [los contratados como altos directivos] eran afiliados, simplemente se hablaba de criterios profesionales". Y ha insistido en la idea de "crear un cinturón higiénico, porque veníamos de donde veníamos. Había mucho miedo y había que enderezar la empresa".