El auditor interno que tuvo Imelsa-Divalterra declaró ayer en una nueva jornada del caso Alquería que «los salarios de [nueve] altos directivos no obedecían al uso racional de recursos públicos». En el juicio por presunta malversación y prevaricación contra catorce exresponsables de la Diputación de València y los exaltos cargos contratatados, el auditor A. M. declaró como testigo que "a nivel económico no tenía sentido que una empresa que manejaba el mismo presupuesto que antes, los contratos de alta dirección pasasen de uno a diez contratos, cuando el presupuesto que manejaba la compañía era el mismo. Y el objeto social que debía representar la empresa era el mismo. Eso es lo que quisimos poner de manifiesto en la auditoria de 2015". El auditor añadió que el hecho de pasar de una masa salarial de una persona en alta dirección a diez suponía "apalancar a la compañía en unos gastos fijos que para nosotros no obedecían al uso racional de los recursos públicos". Y confirmó que los contratos se hicieron por afinidad ideológica a Compromís y al PSPV-PSOE. "Así se nos transmitió. Era conocido por mi y por todos quiénes venían de parte del PSOE y quiénes de parte de Compromís".
Fue precisamente al presentar esta auditoria en el consejo de administración de Divalterra del 15 de noviembre de 2016 cuando el auditor asegura que Ricard Gallego, jefe de gabinete del presidente de la Diputación Jorge Rodríguez, "cada vez que levantaba la cabeza me decía ‘hijo de puta’ desde el otro lado de la mesa", mientras exponía la auditoría de Divalterra, como también han reconocido en su declaración varios testigos. Gallego asegura que no pronunció esas palabras porque "no constan en las actas del consejo de administración".
También declaró como testigo el exdiputado de Ciudadanos, Jorge Ochando, que también presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por las nueve contrataciones de altos directivos en Imelsa-Divalterra. Ochando decidió presentar la denuncia tras ver las contradicciones en los informes sobre la legalidad de los contratos "porque la ley hace responsables a los administradores cuando actuan en contra de los estatutos de la empresa, que en este caso era la junta general de la Diputación de València, para salvaguardar mi responsabilidad como miembro del consejo de administracion". También añadió que "hubiera votado en contra de los contratos si hubieran pasado por el consejo de administración y tal vez lo hubiera impugnado", algo que no se hizo.
El exdiputado de Ciudadanos y actual concejal en Paterna también declaró que "se ocultaron los nombramientos. Esos contratos nunca pasaron a votarse por el consejo de administracion. Las áreas sí se expusieron, pero nunca informaron de contratos de alta direccion en esas áreas".
Por último, declararon tres administrativas del área jurídica y de recursos humanos de Imelsa-Divalterra que, en opinión del expresidente de la Diputación y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, con su testimonio "ha quedado demostrado el complot que se urdió" contra su entonces gobierno provincial y que "probablemente se entienda mejor el caso Alquería".
Según Rodríguez "una testigo ha confesado haber sido presionada por uno de los denunciantes del caso y que le dieron instrucciones para testificar inicialmente" contra los ahora procesados que estaban al frente de la Diputación. Sobre uno de los denunciantes, la testigo Y. A. ha declarado que "me dijo que gracias a él no nos habían tirado a la calle".
Las defensas también destacan que "los contratos de directivos fueron redactados por una asesoría de derecho laboral, que se hicieron con conocimiento del responsable de Recursos Humanos, del responsable del servicio jurídico y del auditor interno, aunque lo niegue", añade Rodríguez. Lass testigos M. A. E. e I. M. declararon que eran "contratos sencillos, sin clausulas" que preparó la responsable de Recursos Humanos junto a la consultora contratada como asesoría externa de asuntos laborales. Una de ellas, responsable de transparencia, declaró que publicó en la web las retribuciones y currículums de los altos directivos lo que lleva a Rodríguez a destacar que "nunca se pretendieron ocultar los contratos ni los directivos que ocupaban los cargos. Todo, los nombres, los contratos y las remuneraciones, estuvo colgado en el portal de transparencia de Divalterra". Aunque la testigo también ha confirmado que el portal de transparencia no publicó ningún concurso o convocatoria para seleccionar a los nueve altos directivos.
De ahí que Rodríguez insista en que "en ningún momento se pretendió realizar contratos fuera de la ley, sino todo lo contrario, dar una estructura a la empresa que permitiese cumplir con su objeto social y servir a los valencianos, que, en definitiva, era el objetivo de todos los que llegamos en 2015 a la Diputación de València".
Por último, las defensas de los catorce acusados del caso Alqueria comunicaron ayer su decisión de renunciar a la declaración de doce testigos que propusieron antes del juicio y al inicio de las vistas, que finalmente fue aceptado y que obligó a modificar todo el calendario del juicio que se celebra desde el 19 de septiembre. La seccion primera de la Audiencia de València había aceptado citar como testigos a los diputados provinciales de la primera etapa como el actual presidente de la Diputación, Toni Gaspar, la consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, y el jefe de gabinete de Jorge Rodríguez cuando este presidía la diputación, Jose Manuel Orengo, entre otros testigos y exdiputados hasta contabilizar doce personas.
Ante esta sorpresiva petición de renuncia, tras insistir en estas declaraciones, las acusaciones no se han puesto, ante el retraso en las declaraciones que se acumula en la causa. El tribunal también ha aceptado el adelgazamiento de comparecencias y, en principio, el calendario se queda como está pero sin esas declaraciones.
