Tras las declaraciones de los catorce acusados y dos de los tres denunciantes del caso Alquería nadie se hace responsable de los nueve contratos de alta dirección de Divalterra supuestamente irregulares. «Y aún seguimos discutiendo quién los ordenó», comentó la magistrada de la sección primera de la Audiencia de València que preside la vista, que se inició el pasado mes de septiembre y se prolongará hasta noviembre.  

Tampoco quedó claro tras la declaración de ayer como testigos de Vicente Javier D. G., exdirector de recursos humanos de Imelsa-Divalterra (custodio de los contratos, pero que no intervino en su redacción) y José Luis Vera, exdirector de los servicios jurídicos de la empresa pública. Hacia Vera, precisamente, apuntaron los catorce acusados como el ideólogo de los nueve contratos de alta dirección (con un sueldo de 54.000 euros anuales). 

Amigos personales de Ximo Puig o Mónica Oltra

Pero tanto Vicente Javier D. G. como José Luis Vera dejaron claro que las contrataciones seguían directrices políticas. El exdirector de recursos humanos explicó al Fiscal Anticorrupción que «la distribución de las áreas de la empresa y la adscripción era de carácter político. Era una circunstancia que nadie ocultaba, era de todos conocidos. Unos provenían del Partido Socialista y otros de Compromís». «Algunos decían que eran amigos personales de Ximo Puig o Mónica Oltra».

Vera también aseguró que las contrataciones de los altos directivos venían nombradas «desde arriba», por parte del PSOE «del presidente de la Diputación» y por parte de Compromís «de la vicepresidenta o la secretaria general». Yañadió que los dos primeros gerentes de Imelsa, «Agustina Brines y José Ramón Tiller estaban preocupados porque todas las personas (en referencia a los altos cargos) les venían dadas por obligado cumplimiento desde arriba. Y por el tipo de personas porque consideraba que no tenían la cualificación». Según el relato de Vera, Agustina Brines le aseguró «en un momento de sinceridad: ‘Es que tienen que venir sí o sí. Entre amañar un concurso o contratarlos por alta dirección, prefiero explicar al juez que utilizo la alta dirección pero no amañaré un concurso’». 

El exresponsable de Recursos Humanos también confirmó un dato revelador para la causa. En una reunión del 18 de enero de 2018, para decidir cómo acometer dos nuevas contrataciones de altos directivos por cese de dos de los contratados, «el señor Jorge Cuerda (letrado asesor) pedía informes que avalaran las contrataciones porque así lo pedía el señor Jorge Rodríguez (presidente de la Diputación). Dijo que los contratos de 2015 eran ilegales y entre todos había que dar legalidad a esos contratos, poderes, para llevarlos al consejo de administración. La señora Brines discutió con él y abandonó la reunión llorando», recordó el testigo.  

Vera relató la «guerra interna» y las luchas de poder que se vivieron en la Diputación de València y sus empresas públicas, entre PSPV y Compromís y las familias que componen ambas formaciones. El exdirector de los servicios jurídicos relató que «me pidieron un informe al final, cuando ya se habían cruzado todo tipo de informes» y que entregó en junio de 2016. «Después del informe ya no me consultaron nada más. Me echaron en cara que no me mojara, que no les salvara la cara y pasaron de mi», aseguró. Las defensas se lo volvieron a reprochar ayer. Ymás cuando en respuesta al abogado de Agustina Brines, Vera consideró «soez, improcedente y kamikaze plantear siete direcivos, por la posibilidad de cierre de Imelsa. Y porque el caso Taula era clientelismo y al final estábamos haciendo lo mismo». «¿Y por qué puso lo contrario en su informe?»,le preguntó el letrado Javier Boix. «No pueden dar tanta importancia a mis informes como si fuera Tomás Sala. No soy especialista en derecho laboral».