El título oficial de la norma es Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, sin embargo, el Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana (CES), uno de los órganos estatutarios que vela por la correcta disposición de la normativa autonómica, ha dado un tirón de orejas al Consell por no poder analizar precisamente las medidas fiscales impulsadas por el Gobierno valenciano para los próximos presupuestos: la modificación del IRPF para las rentas de menos de 60.000 euros.

Es una de las tres observaciones generales que ha hecho el CES al dar su visto bueno general a la conocida como Ley de Acompañamiento de las cuentas para 2023. "Al Comité le habría gustado pronunciarse sobre estas importantes medidas fiscales que inciden directamente sobre una gran parte de la sociedad de nuestra autonomía", expresa el informe que lamenta que esta modificación haya tomado la vía de salir adelante a partir de otro decreto independiente, el Decreto Ley 14/2022.

No es la única queja que emite el órgano estatutario a la tarea general del Ejecutivo autonómico en la Ley de Acompañamiento que se espera aprobar de manera definitiva este viernes en el pleno del Consell. En este sentido, la entidad que preside Arturo León protesta porque estos son "textos complejos que se utilizan para modificar un elevado número de normas de contenido diferente y dispar" y que se dispone poco tiempo para su estudio y análisis al ser, además, solicitado con trámite de urgencia.

Asimismo, insiste en la "necesidad de disponer de un marco normativo estable y de fácil acceso y comprensión", características que no entran a formar parte de la Ley de Medidas Fiscales, y además emplaza al Consell" a evaluar el impacto de las políticas públicas y de la normativa, con carácter previo a las modificaciones anuales mediante leyes de acompañamiento presupuestario". Es decir, que si va a hacer cambios, que estudie cuál puede ser su efecto.

Pero más allá de estos avisos generales, realiza hasta 14 alegaciones al articulado en el que se modifican aspectos variopintos de tan variopintas leyes. Por ejemplo, en lo referente en materia de políticas integrales de juventud, en las que el CES recomienda que las medidas incluidas en el marco de financiación 2019-2023 sirvan para garantizar la estabilidad en las políticas municipales de juventud, adecuando la contratación del personal técnico al nuevo marco establecido por el Real Decreto-ley, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

Asimismo, el Comité considera que procede la subrogación del personal en el supuesto de reversión en la gestión de los servicios públicos, en este caso de servicios sociales, de conformidad con las condiciones y términos previstos en el Acuerdo sobre materias concretas para la mejora de la economía y el empleo en la Comunitat Valenciana de fecha 29 de marzo de 2021.

En tercer lugar, se reconoce la sustantividad propia y la importancia del "transporte a la demanda" de viajeros desempeñado en el marco del servicio público de transporte e incluido en la Ley de Movilidad de la Generalitat Valenciana.