Anticorrupción ve en el caso Alquería "malversación porque se construyó una ficción legal para justificar las contrataciones"

Anticorrupción mantiene que las nueve contrataciones suponen delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. También mantiene para los catorce acusados la reclamación de veinte años de inhabilitación absoluta, además de la prohibición de ejercer cualquier profesión que «comporte asesoramiento jurídico o económico» durante seis años, según el escrito de acusación pública.

Sobre la presunta prevaricación, el Fiscal Anticorrupción sostiene que todos los acusados eran conscientes de la ilegalidad de los contratos de la que fueron advertidos por el secretario de la Diputación y el exresponsable del departamento jurídico de Imelsa-Divalterra y secretario del consejo de administración, a la que siguieron una retahíla de informes que los procesados ignoraron. "Sí que hubo reparos a las contrataciones. Aunque es irrelevante que advirtieran o no advirtieran, según ha sentenciado el Supremo", advirtió el fiscal. Porque lo que hicieron los máximos representantes de la Diputación de València de 2015 a 2018 y los gerentes de Divallterra fue "una utilización torticera de las contrataciones. Una ficción que supuso una huída del derecho administrativo". Y que conlleva un delito de "malversación porque se está manejando dinero público", advirtió el representante del Ministerio Público.

Porque justo desde 2015, "malversación no sólo es consentir que otros sustraigan. También es dar un uso inadecuado a los caudales públicos, distintos al que están autorizados, lo que supone atentar al patrimonio y la administración pública".  Y, en el caso Alquería, supuso "un tipo de malversación más grave porque se construyó una ficción legal para justificar las contrataciones" que "los gerentes tuvieron la posibilidad de cortar en 2018".

Por ello recordó una sentencia del Supremo que advierte al respecto que "cualquier concesión a la laxitud y las iniciativas individuales al margen de la legalidad o bordeándola constituyen un factor de desestabilización de la vida politica y sienta la bases para la aparición de formas de corrupcion que minan la esencia de los valores democráticos".

La Fiscalía Anticorrupción considera que los acusados del caso Alquería usaron "una argucia legal para evitar el procedimiento [de selección] para colocar a determinados miembros de uno u otro partido político (en referencia al PSPV-PSOE y Comrpomís) cuyo único mérito era su afinidad al partido. No se pueden justificar los contratos en Imelsa-Divalterra de igual manera que los cargos políticos en la Diputación de València. Una empresa pública no está para satisfacer intereses de un partido", alegó el representante del Ministerio Público en una intervención de dos horas y media.

En su alegato final, el Fiscal Anticorrupción ha repasado casi uno por uno las actuaciones de los catorce acusados. "Todos eran conscientes de la ilegalidad de las nueve contrataciones, porque en ningún momento pasaron por el consejo de administración". Sobre Jorge Rodríguez, a quien la UDEF descubrió un "manuscrito con las contrataciones de alta dirección", el representante del Ministerio Público ha recordado los correos que le remitió Víctor Sahuquillo (segundo gerente por el PSPV de Imelsa-Divalterra), "a cada cual más elocuente. Con todos ellos Rodríguez tenía conocimiento de los contratos de alta dirección y sabía que la estructura de uno a diez altos directivos no supone aumento de presupuesto ni de funciones, por lo que se tuvo cargar los salarios a costes generales". También fue advertido de que las contrataciones incumplían el artículo 55 del estatuto básico del empleado público y la disposición adicional 15 de la ley de presupuestos generales del Estado de 2015". Sahuquillo incluso llegó a proponer "cesar a los altos directivos porque eran ilegales. Y alertó de la posible prevaricación en un correo con una noticia del caso Emarsa".

A Jorge Rodríguez el fiscal también le achaca que cuando cesó Víctor Sahuquillo como gerente de Divalterra, los altos cargos deberían haber cesado con él. Una situación que no se produjo. "Finalmente el señor Rodríguez asume bajo su dirección y personalmente los contratos por lo que sabía lo que estaba pasando en la empresa". También exhibió correos en los que Rodríguez se quejaba de que "nos quedamos con dos chorradas, tras la remodelación de las áreas. Él los nombra y él los despide".

Respecto a sus asesores, la Fiscalía Anticorrupción considera que Ricard Gallego, Manuel Reguart y Jorge Cuerda "eran realmente quienes dirigían la empresa en comandita con el señor Rodríguez" a través del "consell de direcció", la estructura paralela creada para tratar los asuntos de Divalterra antes de que fueran al consejo de administración. De hecho, "el consejo de dirección desaparece cuando detienen a Rodríguez y sus asesores", recordó la Fiscalía.  

"Divalterra fue un chiringuito"

"Divalterra fue un chiringuito, como lo ha sido durante toda su historia" ya que que llegó a tener diez altos directivos cuando "la Ford o el Puerto de València sólo tienen dos contratos de alta dirección", recordó el fiscal sobre el informe de la inspectora de la IGAE, demoledor en sus conclusiones.

Por último, sobre los altos directivos, también analizados en el informe de la IGAE, el Fiscal Anticorrupción recordó que "no tenían poderes, no suscribieron convenios. No desarrollaron funciones de alta dirección ni siquiera de simples directivos". Y señaló que "reunirse con una persona o firmar una factura, como alegó el señor Miguel Ángel Ferri no es trabajo de alta dirección. Eso es función de un técnico". Sobre el exalto directivo Víctor Jiménez Hueso aseguró que "lo único que le da tiempo es a cobrar el salario". Sobre Manuel Carot y Salvador Femenia, el Fiscal Anticorrupción recordó que tras despedirlos "las arcas públicas se ahorraron 120.000 euros [el sueldo anual de los dos] porque a su sustituto sólo le pagaron 500 euros mensuales más por realizar su función. Y las brigadas forestales siguieron funcionando sin ellos".

El "Messi de las contrataciones"

Respecto a Josep Lluís Melero, el representante del Ministerio Público aseguró que "cobró un sueldo de alta dirección pero no se le paga este salario para realizar trabajos de atención social", aseguró en referencia a la atención a cincuenta mujeres de exclusión social. Sobre Raul Ibáñez, al que citó con ironía como "el Messi de las contrataciones ya que revisar facturas y trasladar cajas no son funciones de un alto directivo. Se metía en el despacho y leía el periódico, lo que denota una pobreza intelectual extrema ya que es licenciado en derecho". Por último, sobre Soledad Torija, "quien nos contó que de su área dependían los cipreses y los árboles monumentales. Eso no es un contrato de alta dirección. Podría haberse asesorado sobre su contratación como hizo sobre su indemnización, para no ser contratada".