Uno de los altos directivos contratados por Imelsa-Divalterra a partir de 2015 tenía como "trabajo" trasladar las cajas de documentación del caso Taula desde el archivo de la Diputación de València en Bétera hasta la institución provincial, según desveló ayer la interventora de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) que declaró como perito en el caso Alquería. La sección primera de la Audiencia de València juzga desde el 19 de septiembre a los nueve altos directivos y al expresidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, y su círculo más cercano de confianza, por aprobar estos nueve contratos de alta dirección sin pasar por el consejo de administración e incumpliendo la legislación que impedía realizar nuevas contrataciones. La Fiscalía Anticorrupción les acusa de prevaricación y malversación por el coste de un millón de euros que tuvieron para las arcas públicas los nueve contratos.
La interventora de la IGAE reveló el clarificador detalle del alto directivo que trasladaba cajas de documentación al desgranar la pericial que elaboró para el caso Alquería a petición del titular del Juzgado de Instrucción 9 y de la Fiscalía Anticorrupción. La funcionaria ya conocía la empresa ya que también realizó otro informe sobre Imelsa para el caso Taula. "Estaba haciendo la pericial del otro juzgado [en referencia a Instrucción 18 que investiga Taula] y por el volumen de documentación ingente, una persona venía por las mañanas y nos traía las cajas del sanatorio del Bétera [donde está el archivo de la Diputación de València]. Nos traía las cajas y se llevaba las del día anterior. Me llevé una sorpresa (tiempo después) al ver que uno de los altos directivos [de Divalterra] era la persona que nos traía las cajas", ha declarado la interventora a preguntas del Fiscal del Caso Alquería. Este alto directivo era Raul Ibáñez Fos, que se encargó de la dirección de servicios generales y administración de Divalterra, con un sueldo en 2016 de 53.819 euros. Un área en la que estaba él sólo, por lo que «no tenía a nadie a quien dirigir», aunque en el juicio su defensa aseguró que realizaba tareas transversales.
El diagnóstico de la funcionaria del Estado es que los nueve contratos de alta dirección incumplieron la disposición adicional 15 de la ley de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado que impedían nuevas contrataciones, salvo excepciones y el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que regula el acceso a un empleo público con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Sobre sus funciones en Imelsa-Divalterra la interventora concluía que «no existía evidencia de que hayan realizado funciones rectoras en Divalterra».
Del resto de áreas creadas como la de «promoción económica, innovación y proyectos de formación» (Josep Melero) con un presupuesto en 2016 para personal de 67.500 euros, 53.819 euros «se destinaban al sueldo del directivo» quien, en dos años, impulsó "tres convenios con la Cámara de Comercio, otro con la Mancomunitat de l'Horta Sud y el Ayuntamiento de València, justificó un taller de empleo en el Monestir de Llutxent y presentó proyectos europeos que no fueron aprobados, pero ninguno de los convenios o documentos fueron firmados por el alto directivo», explicó. "No tenía competencias en personal, ni para obligar a la sociedad frente a terceros (entidades financieras). No existe evidencia que haya realizado funciones de alta dirección", ha asegurado la interventora en una coletilla que se repetía para todos los altos directivos.
Otro contratado fue director del área de Turismo de Divalterra. El problema es que el área de Turismo se gestionaba desde el Patronato de Turismo, cuyo personal laboral sí pertenece a Divalterra que únicamente pagaba las nóminas de catorce trabajadores y controlaba su horario. La interventora de la IGAE incluso habló en este caso concreto de "cesión ilegal de trabajadores". Otra bióloga se hizo cargo del área de Medio Ambiente de Divalterra, cuyo informe de gestión «sólo hacía referencia a la Línea 1 'Pacto de las alcaldías por el clima y la energía».
Respecto a los dos altos directivos de "Gestión forestal", "Sostenibilidad del medio rural" o "regeneración de zonas verdes urbanas" (Manuel Carot y Salvador Femenía) su nombramiento "no supuso un cambio de la actividad que se hacia en las brigadas forestales que ejecutaban la encomienda de gestion de la extinción de incendios forestales bajo la supervisión de Medio Ambiente de la Diputación de València y en periodo de incendios dependían del Consorcio de Bomberos de la Diputación".
Junto a la interventora también participaron dos peritos de Cosital (Consejo de secretarios e interventores y tesoreros de la administración local) que elaboraron un dictamen a petición de Jorge Cuerda, letrado asesor de Divalterra, también investigado en la causa. Ambos han declarado que "el sector público local es absolutamente heterogéneo y no es comparable lo que se produce en Madrid o València con una empresa municipal de 500 habitantes". Y ha citado como ejemplo que "en los consorcios de residuos, los gerentes tienen contratos de alta dirección pero no tienen capacidad de decisión. La traslación del contrato de alta dirección al sector público no es la misma que en el sector privado. Permite que los requisitos exigibles sean menos estrictos". Uno de los dos peritos es funcionario en el Ayuntamiento de Xàtiva y está investigado en una pieza del caso Taula.
