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Un año sin respuesta de Hacienda a la reforma de la financiación

Pasados 368 días de la propuesta de Montero a las autonomías, el ministerio no ha contestado a las alegaciones de la Generalitat en las que pedía concretar los criterios de población ajustada

Arcadi España saluda a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este miércoles en el CPFF.

El conseller de Hacienda no tiene quien le escriba. Da igual que este se llame Vicent Soler o Arcadi España. El primero fue quien recibió hace ahora un año la esperanzadora carta en la que el Ministerio de Hacienda se abría a reformar el sistema de financiación, caducado desde 2014, siguiendo el principal criterio por el que aboga la Generalitat, la población ajustada. Fue también el encargado de rubricar el escrito con las alegaciones valencianas a aquella primera propuesta. Soler fue relevado por España unos meses más tarde sin haber recibido respuesta desde el Gobierno, un silencio que se ha prolongado en el tiempo y, pasados 368 días, el buzón del Palau sigue vacío. 

A punto de entrar en un intenso año electoral y con las autonomías divididas acerca de cómo afrontar esa modificación del mecanismo de reparto (las despobladas rechazan imponer criterios ligados al número de habitantes), la confianza del Botànic en poder alcanzar un acuerdo político a nivel estatal en esta legislatura es prácticamente nula.

Al menos, la infrafinanciación valenciana es ya un hecho que se da por probado a nivel nacional. La admiten los dos líderes políticos con capacidad para reformar el sistema, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, y aunque socialista y popular afirman estar dispuestos a la reforma del sistema de financiación, ambos se culpan mutuamente del bloqueo mientras el tiempo pasa y la deuda valenciana crece.

Planteamiento inconcreto

El escenario era sensiblemente más halagüeño el 3 de diciembre de 2021. Aquel día, el Ministerio de Hacienda decidió abrir el melón de la financiación y desgranar por fin su propuesta. El departamento que dirige María Jesús Montero presentó un planteamiento acorde a las tesis valencianas, que daba más peso a la población ajustada como principal criterio para el reparto.

La Generalitat estudió la letra pequeña y detectó lagunas. El principal problema era la falta de concreción del ministerio, que daba más peso a apartados como el gasto sanitario o el educativo, pero planteando horquillas demasiado amplias.

Con todo, el grupo de expertos concluyó que la propuesta de población ajustada no garantizaba la solución de los problemas de infrafinanciación de la autonomía si la nivelación de los recursos no se basa en criterios bien fundados, pues con algunos de los indicadores que se contemplaban, con escaso fundamento según el comité de sabios, podría mantenerse una financiación por habitante alejada de la media y de las comunidades mejor financiadas.

Las alegaciones se convirtieron en una ristra de propuestas de reforma a medida de cada territorio, lo que terminó de bloquear el proceso. Hacienda se comprometió en verano a responder al documento y según fuentes de la conselleria aseguran que sigue manteniendo la promesa, pero que «no hay noticias» hasta ahora.

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