Estafa a los okupas: contratos ilegales de agua para tener suministro

 Manuel Vargas tiene casi 29 años y cuatro hijos pequeños. El mayor tiene 7 años. El pequeño es un bebé de 8 meses. Vive con Miriam, su mujer, y sus criaturas en un piso que empezó siendo una Vivienda de Protección Oficial (VPO) en época de la alcaldesa Rita Barberá y hoy es propiedad de un fondo buitre, en el barrio de Orriols, en València. Pagaron 200 euros “por las llaves”, que es la manera que tienen las nuevas mafias de cobrar a personas vulnerables para que okupen una vivienda vacía. Ahora, a esta estafa se suma una nueva: contratos fraudulentos de agua que permiten dar de alta el suministro.

Por ese motivo, la empresa les cortó el suministro. "No podemos hacer otra cosa porque la normativa nos impide dar suministro a quien okupa de forma ilegal una vivienda. Sí damos cobertura a personas vulnerables gracias a un fondo social que existe en colaboración con el ayuntamiento. Pero estos casos son delicados y diferentes porque para dar de alta un servicio precisamos de la autorización de la propiedad", explican desde la empresa. Eso sí, tras tres años emitiendo facturas que han pagado religiosamente y tras la celebración de un juicio (en febrero de 2021) y una sentencia firme de septiembre de 2022, el estafador fue condenado a tres años de prisión y permanece, a día de hoy, en busca y captura. En agosto recibieron una llamada: tenían que “regularizar” su situación. Como no pueden hacerlo y ha llegado la sentencia firme, les han cortado el suministro.

La falta de vivienda social empuja a la infravivienda y la ocupación ilegal

La familia pide que restauren el servicio porque hay críos pequeños y el agua es un bien de primera necesidad. “Hemos pagado todas las facturas. Fuimos víctimas de una estafa y nos han condenado a una multa de 540 euros, que estamos pagando también, a plazos. Tenemos críos pequeños y necesitamos el agua. ¿Qué vivienda vamos a alquilar si cuestan 700 euros al mes?”, explican.

Miriam y Manuel entraron a ese piso de Orriols en 2018. La vivienda tenía luz pero el suministro de agua no era constante. “Unos días teníamos agua y otros, no”, explican. Contacta con ellos un hombre que les ofrece un “contrato legal de agua” a cambio de otros 200 euros. “Nos dijo que necesitaba el DNI, un número de cuenta bancaria, la dirección de la vivienda y una dirección de correo electrónico. Y que era legal. Luego nos entregó un contrato y la carta de bienvenida de Emivasa. Empezamos a tener suministro y a recibir las facturas. Las hemos pagado todas. No hemos fallado ni un pago, incluso cuando los recibos superaban los cien euros”, explican. Y muestran el contrato, la carta de bienvenida y las facturas que han estado pagando desde junio de 2019 hasta agosto de 2022, momento en el que la empresa agua les corta el suministro.

El año pasado, Manuel recibe una llamada de la policía nacional. Le piden que vaya al cuartel de Zapadores. Allí le explican que su contrato de agua es ilegal porque hay documentos falsificados. El joven les explica que él pago para que realizaran las gestiones. Le muestran una seria de fotografías e identifica al hombre que les ha estafado. Manuel no es la única víctima. Hay siete familias más en su misma situación.

El estafador, en paradero desconocido

El juicio oral se celebró en febrero de 2021 contra el estafador y las ocho familias implicadas. Al estafador le imponen una pena de tres años y una multa de 10 meses con una cuota diaria de 10 euros. El hombre ni acudió al juicio ni se sabe su paradero. A las familias implicadas les condenan a un año de prisión y a una multa de 7 meses con cuota diaria de 10 años ya que aceptan la culpa por recomendación de su abogado.

“No estábamos conformes con declararnos culpables porque no lo somos. Pero el abogado nos dijo que así era mejor, que en ocasiones es mejor llegar a un acuerdo así aunque seamos inocentes porque a nosotros nos han estafado. Nosotros no entendemos ese sistema pero le hicimos caso y ahora estamos pagando la multa. 54 euros al mes durante 10 meses. Me molesta mucho tener antecedentes por querer tener el agua de forma legal, con contrato y como debe ser. Por eso no me planteo ni engancharme el suministro ni hacer nada parecido. No quiero que me vuelvan a multar. Solo quiero que haya agua en mi casa y pagar por ella, como todo el mundo”, explica Manuel.

En agosto, Emivasa contactó con la familia, un años y medio después de que se celebrara el juicio. Les pidió una licencia de ocupación de la vivienda, algo imposible de conseguir para esta familia ya que depende del titular del piso, en este caso, un fondo buitre. “Si no soy el dueño del piso me dicen que no hay manera de hacerlo. Necesitamos agua. Podemos pagar el suministro pero no un alquiler, al precio que está el mercado”, explican.

La familia cuenta con la supervisión de los Servicios Sociales de Benimaclet desde 2018. Han solicitado una vivienda social en el registro del Ayuntamiento de València y de la Generalitat Valenciana y cuenta con el apoyo y la ayuda del Sindicato de barrio Orriols en Bloc.