La patronal de las residencias se manifiesta por el recorte en salud mental

La plaza en una vivienda supervisada para personas con problemas de salud mental tiene un coste en torno a los 2.300 euros. Hasta ahora la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas pagaba el coste íntegro de la plaza pero ahora sólo concederá una ayuda que cubre una tercera parte del coste global (unos 715 euros como máximo). ¿Y el resto? ¿Quién se hará cargo de los más de 1.500 euros restantes? ¿El usuario? ¿La empresa? Las preguntas no tienen respuesta y desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) de la Comunitat Valenciana han anunciado una movilización por este cambio y otros que se van a producir en el sistema de la red asistencial tras la publicación del Decreto 102/2022 del pasado mes de agosto. La cita será el próximo 16 de febrero, a las 11 horas, frente a la Torre 3 del complejo administrativo 9 d'Octubre.

Desde Aerte aseguran que este cambio en al financiación "está impidiendo a una gran mayoría de personas con problemas de salud metal ser atendidos por falta de recursos económicos. Además, esta situación está impidiendo una correcta transición entre recursos en el proceso de rehabilitación de la persona".

Por otro lado, Aerte explica que el nuevo decreto "limita el precio de la plaza privada a través de la prestación vinculada de garantía, que queda por debajo del precio de muchas plazas de centros, lo que impide a muchas personas acceder a esas residencias o viviendas tuteladas y les coarta su capacidad de elegir el centro más cercano a su vivienda". "Al mismo tiempo, no permite que las personas puedan acceder a una habitación individual o a servicios añadidos, si así lo desean, ya que la prestación vinculada de garantía prohíbe que paguen servicios por encima del coste de referencia", añade.

Otras prestaciones

En cuanto a otras prestaciones, el decreto "no exige que los profesionales se acrediten para la prestación de asistente personal, algo que sí exige para las entidades. Esto parece discriminatorio, aparte de que va contra la calidad de los servicios que se ofrece".

Desde la patronal de residencias también aseguran que el proyecto de decreto de tipologías en recursos residenciales de mayores y de atención a la salud mental o de centros de día "amenazan la viabilidad de la red de servicios que atiende a personas en situación de vulnerabilidad de nuestra comunidad".

La manifestación se llevará a cambo porque no ha habido entendimiento. "A pesar de todas las reuniones llevadas a cabo para explicar la gravedad de la situación con las diferentes Direcciones Generales y como está afectando a las personas que necesitan contar con un recurso de este tipo, la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas se ha negado a llevar a cabo las modificaciones que eviten las graves consecuencias que provocan estas nuevas normativas", explican desde Aerte que han decidido convocar una concentración en aras de mostrar su nuestro rechazo y pedir que se hagan las modificaciones necesarias "para prestar una adecuada atención en salud mental y dependencia.