Uno de los magistrados que juzgará a Zaplana fue investigado por cohecho

Uno de los magistrados de la sección cuarta de la Audiencia de València que juzgará el caso Erial, en el que están procesados los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y José Luis Olivas y trece personas más, estuvo investigado por un presunto delito de cohecho en los años 90 del siglo pasado. 

La investigación al magistrado se inició en 1996 tras la denuncia de un conocido abogado de València. Ambos han vuelto a reencontrarse ahora en los preparativos del juicio del caso Erial. El magistrado ha sido designado ponente de la sentencia. El abogado defiende a uno de los trece acusados de la causa que sentará en el banquillo al exministro de Trabajo y exjefe del Consell. 

La instrucción del caso Erial realizada por el Juzgado de Instrucción 8 de València finalizó el 2 de junio de 2022. Un recurso de última hora que planteaba un «incidente excepcional de nulidad de actuaciones» y otros trámites procesales habituales cuando finaliza una causa retrasaron hasta el 26 de enero el envío a reparto para determinar qué sección de la Audiencia de València juzgaría el caso que afecta a Zaplana y Olivas. Los 15 procesados del caso Erial están acusados de los presuntos delitos de «organización criminal, blanqueo de capitalescohechoprevaricación y falsedad en documento público». 

La elección de qué sala de lo penal de la Audiencia de València debe juzgar cada juicio se realiza por estricto turno de reparto. Sólo tenían opciones la secciones primera, segunda, tercera y cuarta de la Audiencia, ya que la quinta es la que ha resuelto todos los recursos de las defensas del caso Erial durante la instrucción. 

A principios de febrero trascendió que sería la sección cuarta de la Audiencia de València la que formará el tribunal que sentará en el banquillo al exministro de Trabajo. Todas las secciones de lo penal de la Audiencia de València están conformadas por cinco magistrados y magistradas. De entre los cinco que componen la cuarta, tres serán los que compongan el tribunal que debe enjuiciar el caso Erial. Por ahora sólo ha trascendido quién será el ponente de la sentencia. Se trata del encargado en un tribunal de recopilar al milímetro todo lo que sucede en un juicio y, tras la deliberación, el responsable de redactar la sentencia. 

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En este punto de los preparativos del juicio es donde ha resurgido una polémica soterrada desde hace veintisiete años, que ahora adelanta Levante-EMV. El magistrado elegido como ponente del caso Erial estuvo investigado entre 1996 y 1999 por un presunto delito de cohecho tras la denuncia presentada por un conocido abogado valenciano, que ahora defiende a un acusado en este mismo caso. 

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La investigación la inició el titular del Juzgado de Instrucción 19 de València, Luis Presencia. El abogado denunciante aseguró «haber recibido presiones de una persona para que aceptara pagar una determinada cantidad de dinero a cambio de una sentencia favorable a uno de sus clientes», según contó Levante-EMV en 1998. 

El titular del Juzgado de Instrucción 19 llegó a ordenar la intervención del teléfono del letrado, con su consentimiento. Las diligencias permitieron obtener «varias grabaciones de conversaciones en las que dos empresarios, que decían hablar en nombre de un magistrado -y del que nunca dieron sus apellidos- proponían al abogado denunciante un trato: pagar una determinada cantidad a cambio de lograr una rebaja de condena». 

Instrucción en el TSJCV

Al estar presuntamente implicado un magistrado de la Audiencia de València, el Juzgado de Instrucción 19 tuvo que inhibirse a favor de la sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la competente en causas penales contra jueces, magistrados y fiscales por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. 

El TSJCV designó al magistrado José Flors instructor de las diligencias sobre el presunto cohecho cometido por el magistrado de la sección cuarta de la Audiencia de València.   

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El instructor Flors llegó a incoar un proceso especial ante el Tribunal del Jurado contra el magistrado investigado y los dos empresarios grabados en las escuchas por los posibles delitos de «estafa, tráfico de influencias y cohecho», según los autos de la causa a los que ha tenido acceso Levante-EMV. En la instrucción el abogado denunciante ejerció la acusación particular y el Colegio de Abogados de València (ICAV) la acusación popular. El Fiscal Superior, entonces Enrique Beltrán, solicitó el archivo. 

El TSJCV sobreseyó la causa en 1999. El magistrado de la sección cuarta había quedado como único investigado. De los otros dos empresarios imputados, uno falleció durante la instrucción y el otro huyó de la justicia al extranjero. Las grabaciones no se consideraron pruebas suficientes y la investigación contra el magistrado por cohecho se sobreseyó provisionalmente. 

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