Tribunales
«Un millón de pesetas por cada año de condena rebajado»
La acusación contra el juez que será ponente del caso Zaplana le atribuía un delito de cohecho que fue sobreseído en 1999
Un millón de pesetas por cada año de condena rebajada. Es una de las acusaciones contra el magistrado de la sección cuarta de la Audiencia València, José Manuel Megía Carmona, investigado en los años 90 por los posibles delitos de cohecho, estafa y tráfico de influencias. Una investigación que se inició en 1996 tras la denuncia del abogado y conocido penalista valenciano, Vicente Grima, que acabó archivada por falta de pruebas en 1999.
Como adelantó Levante-EMV, el magistrado y el abogado han vuelto a coincidir en el juicio del caso Erial que celebrará la sección cuarta de la Audiencia de València. Megía Carmona ha sido designado ponente de la sentencia. Al ser notificado de esta decisión, el letrado preguntó a la sección cuarta si la elección del ponente se debía a «un error» dado el «historial de abstenciones» del magistrado. La sección cuarta respondió que no hay error y que Megía será el ponente de la sentencia que juzgará a los expresidentes de la Generalitat, Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, junto a trece personas más. Aún no hay fecha para el juicio.
La acusación contra el magistrado la ejercieron el letrado Vicente Grima y el Colegio de Abogados de València, pero la Fiscalía pidió el sobreseimiento
Entre los indicios recopilados por la investigación contra el magistrado en 1996 por el Juzgado de Instrucción 19 y que finalizó el juez del TSJCV José Flors, al estar Megía aforado, se encuentra la solicitud de una supuesta «dádiva» en un asunto que se juzgaba en la sección cuarta.
Según el auto del TSJCV que confirmó el archivo de la investigación en 1999, «un acusado que comparecía ante la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València» recibió una oferta de un empresario inmobiliario, que acabó investigado junto al magistrado. El ofrecimiento consistía en la «imposición de una pena de cinco años de si no se avenía a pagar dinero, en cuyo caso se rebajaría esa pena a razón de un millón de pesetas por cada año», según recoge el auto del TSJCV, al que ha tenido acceso Levante-EMV.
Cobro de presuntas dádivas
Otros indicios que se recabaron también apuntaban al cobro de presuntas dádivas «a cambio de retrasar o agilizar expedientes o recursos de indultos y la ejecución de condenas, en función de los presuntos pagos acordados». La causa fue finalmente archivada porque «los indicios no estaban debidamente justificados». El magistrado del TSJCV que instruyó las diligencias, José Flors, sobreseyó en 1999 el procedimiento especial del jurado abierto contra el magistrado en solitario, ya que de los dos empresarios investigados junto a él, uno falleció y el otro huyó de la justicia al extranjero. En la causa ejercían la acusación el letrado Grima y el Colegio de Abogados de València. La Fiscalía pidió el sobreseimiento.
«Indicios no debidamente justificados»
El TSJCV confirmó la decisión del magistrado instructor José Flors de archivar la causa contra el juez de la sección cuarta de la Audiencia de València. Tres magistrados del Alto Tribunal consideraron que existían «indicios de haberse perpetrado unos hechos que pueden ser constitutivos de delitos de cohecho pero, por otro, esos indicios no están debidamente justificados». Y añadían que estas pruebas recabadas no permitían entender «debidamente justificada la entrega de dinero al magistrado, como contraprestación a su actuación en el desarrollo, retraso o decisión de las actividades procesales» denunciadas. L. Ballester. València
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