Unos 20.000 procesos paralizados por la huelga de letrados de Justicia en València

La huelga indefinida de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que desde el pasado 24 de enero mantiene en jaque al Ministerio de Justicia, con las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo a la vuelta de la esquina –su intervención en la constitución de las juntas electorales es indispensable–, está afectando gravemente al engranaje judicial valenciano. Tras hacer un balance de este primer mes de paros (29 días hábiles) las cifras que manejan los LAJ, son que en la provincia de València se habrían visto afectados unos 19.850 procedimientos judiciales, entre juicios, comparecencias, declaraciones, resoluciones pendientes de notificar y asuntos pendientes de admisión.

«No queremos causar un perjuicio a nadie, solo luchamos por lo que consideramos que es nuestro y que no se infravalore nuestro trabajo», remarca Carmen Ramos, delegada del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia en la Comunitat. Entre sus demandas está la adecuación salarial, acorde a su responsabilidad y carga de trabajo, que se reforme su reglamento orgánico y que se reconozca a sus asociaciones como sindicato.

Datos

Entre el 24 de enero y el 17 de febrero, últimos datos oficiales facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la huelga había provocado un total de 10.326 incidencias en los órganos judiciales de la Comunitat, 4.088 de ellas en la provincia de Valencia. Aunque estas cifras solo representan una mínima parte y no son realmente representativas del total, ya que no todos los juzgados las han facilitado y son los huelguistas habitualmente los encargados de recopilar estos datos.

Una de las funciones de los LAJ es la de la gestión de la cuenta de depósitos y consignaciones. En estas seis semanas de huelga hay ya unos 54 millones bloqueados en los tribunales valencianos, al no estar abonando indemnizaciones ni haciendo efectivo el cobro de multas. La única excepción son los pagos de las pensiones de alimentos.

Respecto al seguimiento de la huelga, en València está siendo del 43%, mientras que en los juzgados de Alzira, Carlet, Catarroja, Moncada y Sagunt es por ejemplo del 100%, con lo que solo están celebrando los servicios mínimos, como son las guardias y las causas con preso, de menores o personas incapaces. En el caso de los 21 Juzgados de Instrucción de València, hay seis LAJ que están de huelga desde el principio.

En el Registro Civil no se están dando fechas nuevas para la celebración de bodas, pero sí se están celebrando las que ya estaban previstas, al tener en cuenta los problemas que hubieran supuesto para los contrayentes un aplazamiento de una fecha tan señalada y las implicaciones que supondría la cancelación de banquetes o viajes de novios.

En la jurisdicción de lo Social, donde los juicios por reclamaciones trabajador-empresario ya estaban siendo señalados a dos años vista antes de la huelga, apenas se están suspendiendo vistas, ya que la suspensión implicaría que habría que señalarlos a partir de otros dos años. De los 17 Juzgados de lo Social de Valencia, solo dos LAJ han secundado la huelga, mientras que otros únicamente la apoyan los días que no tienen juicios señalados en un ejercicio de responsabilidad hacia el ciudadano. «Entendemos que un trabajador que se ha quedado sin empleo no puede esperar cuatro años para ser indemnizado por un despido improcedente», indica una representante de los LAJ.

Aunque se da la circunstancia de que precisamente uno de los letrados de Justicia que sí está de huelga es el que lleva las ejecuciones de sentencia de lo Social, con lo que pese a sí estar siendo resueltos los procedimientos, los afectados no pueden cobrar.

Aunque los efectos negativos en la Justicia de este tipo de retrasos ya se vieron durante la pandemia, a día de hoy las negociaciones permanecen paralizadas después de cuatro reuniones entre el comité de huelga de los LAJ y el Ministerio de Justicia. Y los encuentros no invitan al optimismo. El primero de ellos, que no se produjo hasta el pasado 16 de febrero –después de más de veinte días de huelga–, fue un auténtico esperpento. La reunión comenzó a las cinco de la tarde y hasta las nueve de la mañana siguiente no finalizó. La mayor parte de esas 16 horas se estuvieron mirando los unos a los otros, y el ministerio que dirige Pilar Llop se limitó a preguntar sobre cuándo cesaba la huelga, sin atender a las demandas.

Desde el primer momento, los Letrados de la Administración de Justicia de la Comunitat Valenciana se han sentido respaldados por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, quien ha alertado del coste que supondrá reactivar la maquinaria judicial una vez finalice la huelga. De hecho, la consellera no ha dudado en criticar la actitud mostrada por el Ministerio ante la inacción para dar soluciones a la huelga. En buena parte porque serán las propias administraciones autonómicas las que posteriormente tendrán que hacer frente a los efectos y retrasos provocados por el paro indefinido, con prolongaciones de jornada o refuerzos en los juzgados para sacar adelante el trabajo estancado durante todos estos días.

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