Primeras denuncias a fondos buitre por acoso: “Me amenazan y se burlan. Me tienen acobardada”

 Las tres tienen derecho a vivir en sus casas, y a las tres las acosan a diario tres fondos buitre para que se vayan de allí. Ellas negociaron con los bancos y ahora se enfrentan a la maquinaria imparable de unos fondos buitre que adquirieron esas casas donde ellas viven para seguir el negocio con alquileres más caros o la venta del inmueble. Dos de ellas tiene menores a su cargo. La tercera suma 80 años. Las tres reconocen llamadas y visitas constantes. Amenazas, burlas, cartas, notas, mensajes. Todos los días. A todas horas.

Esta mañana, María Victoria Pedrajas, Andrea Florea y Mari Carmen Salcedo (en representación de la mujer octogenaria) han presentado una denuncia por acoso inmobiliario ante los Servicios Territoriales de Vivienda (en el Prop) para hacer uso de una nueva herramienta a su disposición: el decreto ley para evitar abusos en el ámbito inmobiliario. La Conselleria de Vivienda y Arquitectura Climática publicó el decreto ley el pasado 27 de febrero. Menos de un mes después llegan las primeras denuncias de una situación que, hasta ahora, no tenía consecuencias ya que “el delito de acoso sólo estaba tipificado en el Código Penal y situaciones como las que hoy nos ocupan no tenían consecuencias. Ahora hay un decreto ley para identificar, tipificar, investigar y sancionar con multas de 10.000 a 950.000 euros prácticas que son ilegales, abusivas y delictivas porque como estas tres mujeres hay muchas familias. Tiene derecho a permanecer en sus casas y están siendo víctimas de un acoso inmobiliario que debe tener consecuencias. Aplaudimos la ley porque cubre un vacío. Ahora hacen falta recursos para que sea real y no quede en papel mojado. Nosotros estamos denunciado algo que se ha convertido en habitual por parte de los fondos buitre y que no se debe consentir”, explica José Luis González Meseguer, portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de València.

Vivienda obligará a poner en alquiler social los pisos vacíos de grandes propietarios

"El decreto prevé sancionas de 10.000 a 950.000 euros", explica la PAH

La primera en explicar su caso en María Victoria Pedrajas. Su ejemplo es el de un alquiler social. Ya denunció su situación en este periódico y hoy lo ha hecho ante la Administración. “Llevo cinco años así. Con la crisis económica firmé con el banco un alquiler social. El banco vendió mi casa a un fondo buitre y antes de que finalizara el contrato me enviaron un burofax ofreciéndome dinero para que me fuera del piso y empezó el acoso. Así llevo 5 años. Con ansiedad, sin dormir. Tengo críos pequeños”, asegura. La mujer sigue pagando el alquiler. No ha fallado ni a una cuota. “Ellos no quieren que lo pague pero yo hago mi ingreso todos los meses. Me llaman a diario. Se burlan de mí. Me amenazan con ponerme una reja o cambiarme la cerradura cuando no esté en casa así que tengo que dejar a mi hijo en casa. Siempre tiene que haber alguien. Y aún así me dicen que lo harán con el chiquillo dentro. Me tienen acobardada. Yo puedo pagar mi alquiler social y eso es lo que hago. Los precios del mercado libre están desorbitados y piden nóminas, meses por adelantado. Es imposible para familias vulnerables. Pero yo no he faltado a una cuota del alquiler social”, explica.

El segundo caso es el de Andrea Florea. La mujer firmó una hipoteca con el banco hace 16 años, en 2007, justo antes de que estallara la burbuja inmobiliaria. Llegó la crisis económica y la enfermedad de su marido, trasplantado de riñón y con una discapacidad que ha eliminado los principales ingresos de una familia con tres niños de 13, 10 y 8 años. La familia pierde la vivienda por impago de la hipoteca pero se acoge a la moratoria del Gobierno que prohíbe desahuciarles y les permite vivir en su casa hasta 2024. El banco, por su parte, pasa “ese activo” a un fondo buitre que ha puesto ese piso en venta y acosa a la familia para que se vaya. “Me ofrecen 1.500 euros par que nos vayamos. Llaman a diario. Mandan cartas y cuentan mentiras a los vecinos diciendo que somos okupas. De eso nada. La ley nos ampara a vivir en esa casa hasta 2024 pero nos acosan porque quieren vender el piso ya. Necesitamos un alquiler social. Mi trabajo es temporal y precario. Mi marido no puede trabajar. La criss y la enfermedad nos cambio la vida peor trneemos tres niños pequeños”, explica la mujer. Su ejemplo es el de una persona acogida a la moratoria y al escudo social del Gobierno.

Mayor y con depresión

El tercer caso prefiere permanecer en el anonimato. Está mayor y deprimida. Tiene 80 años y un fondo buitre le ha quitado todo. Adiós a los recuerdos de 50 años en la vivienda familiar. Una representante de la PAH explica un caso que está judicializado desde 2020, cuando un fondo buitre entró en su casa y la vació entera, sin orden judicial. Ni una foto tiene esta mujer de su marido., fallecido en 2019, o de sus hijos, cuando eran pequeños. La nada. “Esta familia tenía el impago de su hipoteca en el juzgado por cláusulas abusivas. La propiedad pasó a un fondo buitre que aprovechó que la mujer se había ido a casa de su hijo la semana de Navidad (el marido había fallecido poco antes) para entrar y vaciar al vivienda. Un abuso en toda regla. Una ilegalidad manifiesta porque no hubo ni orden judicial ni nada. Por eso ahora denunciamos ante la Generalitat Valenciana para que realice también su investigación ya haya consecuencias para quien ha hecho lo que le ha dado la gana, cuando le ha dado la gana con personas vulnerables”, explica. El caso de esta mujer es ejemplo de una hipoteca con cláusulas abusivas.

La PAH acompaña a estas familias y espera que el nuevo decreto ley tenga consecuencias “para quienes abusan y acosan a quienes menos tienen. Las familias no tienen recursos para luchar contra un fondo buitre en el juzgado. Por eso aplaudimos esta nueva herramienta que nos brinda el Consell porque hay muchos abusos, un caso intolerable y una vulneración de derechos que no podemos tolerar. La futura ley de vivienda debe poner coto y control al precio de los alquileres pero debe también limitar y perseguir estas prácticas de acoso brutal”.