La jueza de Azud afea el electoralismo de PP y Vox al personarse pero admite que sean acusación popular en la causa

La titular del Juzgado de Instrucción 13 de València admitió ayer la personación como acusación popular del Partido Popular y de Vox en el caso Azud, aunque con una serie de condicionantes. La magistrada acepta que ambas formaciones políticas ejerzan la acusación popular «pese a las suspicacias que levanten las dos personaciones del PP y Vox» pero admite en el auto que «no pueden denegarse por venir obligado a tenor de la legislación vigente».

El PP pide ser parte en el caso Azud pese a la implicación de Alfonso Grau y la familia de Barberá

De ahí que exija a ambas formaciones políticas que presten una fianza de 10.000 euros para cada una de ellas. También les reclama «concurrir bajo una única dirección letrada al defender los mismos intereses». En el caso de Vox también reclama que esta formación «deberá exponer, siquiera mínimamente, las razones o motivos que le llevan a personarse en la presente causa como acusación popular» ya que, señala la magistrada, que «en el escrito presentado por el partido Vox, ni tan siquiera se expone algún motivo o razón para ello, simplemente alega que no precisa formular querella para personarse y que está exento de presentar fianza». De hecho, la titular del Juzgado de Instrucción 13 resalta la "estrecha relación de dicho partido político [en referencia a Vox] con uno de los principales investigados en el presente procedimiento, en concreto con José María Corbin, principal investigado y eje sobre el cual ha pivotado la totalidad de la causa, a mayor abundamiento, cuñado de la alcaldesa de Valencia en la época en que sucedieron los hechos.

La parte secreta del caso Azud está relacionada con Alfonso Grau

Ambas formaciones anunciaron su intención de personarse tras conocerse que una pieza separada de las siete que por ahora ha alcanzado esta macrocausa de corrupción afectaba al PSPV-PSOE y la presunta financiación irregular de las campañas electorales de 2007 y 2008 que se investigarían como cohecho (al presuntamente aceptar gastos de propaganda electoral por empresas privadas). Aunque el caso Azud se inició al investigar a José María Corbín, cuñado de la alcaldesa de València, Rita Barberá, por el presunto cobro de comisiones de contratistas del Ayuntamiento de València y que después se extendió también al exvicealcalde de València, Alfonso Grau. 

La magistrada incide en el auto, notificado ayer a las partes, que ambos partidos hayan solicitado ahora ser acusación «en este momento cuando nos encontramos inmersos en pleno período electoral, de lo que podría inferirse los verdaderos motivos de dichas personaciones». Por ello señala en el auto que "debe prevenirse en un proceso penal que el ejercicio de la acción popular sea utilizado como medio de presión ante la opinión pública contra un partido que tenga a uno de sus miembros sometidos al proceso".

El azud transversal de la corrupción

La titular del Juzgado de Instrucción 13 también comunicó ayer la decisión de acumular la pieza separada 7, que investigaba los hechos relacionados con el PSPV a la pieza principal donde se investiga a Corbín y Grau. En otro auto también informó a todos los investigados que los diez TB de información requisada a los investigados en discos duros, teléfonos y ordenadores se procederá a "la entrega de las citadas copias clonadas a cada uno de los investigados a los que afecten las mismas sin dar traslado de forma general a todas las partes".

El PSPV recibió un millón en "b" para las campañas de Pla, Alborch y Fernández de la Vega en 2007 y 2008