Tribunales
El azud transversal de la corrupción
El PP y el PSPV se acusan de protagonizar el caso Azud, que arrancó en 2016 a partir de un anónimo | De los 67 investigados 41 están relacionados con tramas relacionadas con el PP, otros 10 con el PSPV y 14 son "ambivalentes"
Agentes de la Guardia Civil y periodistas esperan la salida del vehículo de un investigado de su garaje durante una de las tres operaciones policiales del caso Azud. / EFE/Juan Carlos Cárdenas
Un «azud» es según la Real Academia Española (RAE) una «barrera hecha en los ríos con el fin de facilitar el desvío de parte del caudal para riego y otros usos». Azud fue la palabra elegida por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para bautizar una nueva operación contra la corrupción por el desvío de fondos públicos. Una investigación que arrancó tras un anónimo que llegó a la Agencia Tributaria el 12 de enero de 2016.
Casi siete años después el caso Azud suma 65 investigados y tres operaciones policiales ejecutadas por orden judicial que han provocado otros tantos seísmos en la vida política valenciana a diestra y siniestra. A diestra porque las primeras pesquisas salpicaron al cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá José María Corbín y después al exvicealcalde de València, Alfonso Grau. Y a siniestra porque también se han visto implicados el exportavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Rafael Rubio y el secretario de finanzas del PSPV de 1999 a 2004, José María Cataluña.
Las revelaciones de esta última pieza relacionada con los socialistas llevaron la semana pasada al líder del Partido Popular, Carlos Mazón, a asegurar que el caso Azud «ya puede considerarse como el 'caso PSOE' y lleva camino de acabar convirtiéndose en el 'caso Puig'». Un dardo político al que respondió el secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, con la aseveración de que el caso Azud «es un caso del Partido Popular» ligado a la etapa de Rita Barberá en València.
¿Quién tiene razón? ¿Es el caso Azud un investigación judicial del PP o del PSPV? Los datos concretos de la causa matizan las rotundas afirmaciones de ambos representantes políticos. Ni es un caso del PSPV, porque el grueso de la investigación (en imputados, delitos y hechos indagados) afecta al Partido Popular. Ni tampoco es un caso exclusivo del PP, porque el caso Azud ha salpicado a exdirigentes y militantes del PSPV. Una situación que demuestra la transversalidad de la presunta corrupción porque afecta a cargos públicos de las dos formaciones políticas. Y se menciona, de refilón, a representantes del Bloc y al partido de Unión Valenciana.
El peso de los principales partidos en la investigación presenta considerables diferencias. De los 65 investigados en la causa, 12 personas investigadas están directamente relacionadas con el Partido Popular: los cinco miembros de la familia Corbín-Barberá al completo, el exvicealcalde Alfonso Grau junto a sus hijas, además de la exalcaldesa de Xixona Rosa María Verdú y el exconcejal de Urbanismo de esta localidad, Francisco Doménech.
Diestra, siniestra y ambivalentes
A esta docena de investigados se suman 29 personas más, entre las que se incluyen los empresarios que presuntamente abonaron comisiones para conseguir trato de favor, información privilegiada o, directamente, la adjudicación de contratos públicos en el Ayuntamiento de València (el grueso de la causa). Y los funcionarios municipales que facilitaron los trámites.
En la parte que afecta al PSPV-PSOE, un total de siete personas están siendo investigadas por el caso Azud: el jurista José Luis Vera, el exsecretario de finanzas José María Cataluña, el exportavoz del Ayuntamiento de València, Rafael Rubio y su mujer, los exresponsables de Acuamed y Aguas del Júcar, Joan Navarro y José María Marugán respectivamente, y el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues. En esta pieza separada están imputados 3 empresarios más.
Además, habría otros 14 «investigados transversales», encabezados por el empresario Jaime Febrer, que realizaban labores de factureros o colaboraron en diversos negocios urbanísticos que impulsó.
El anónimo que llegó a la Agencia Tributaria el 12 de enero de 2016 denunciaba el elevado tren de vida y de negocios del abogado José María Corbín, cuñado de la alcaldesa de València Rita Barberá (1991-2015). Hacienda realizó un primer informe sobre su despacho Corbín Abogados en el que se confirmó que su «principal fuente de ingresos proviene de empresas vinculadas al Ayuntamiento de València por ser adjudicatarias de contratos públicos».
La Agencia Tributaria remitió este primer informe del 27 de septiembre de 2016 a la sección de delitos económicos de la Fiscalía de València, que inició diligencias de investigación penal (DIP) el 4 de octubre de 2016. Y que fructificaron en una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción del 30 de marzo de 2017, que recayó en el Juzgado de Instrucción 13 de València. La maquinaria judicial arrancó formalmente con un auto de la titular del Juzgado de Instrucción 13 de València dictado el 10 de abril de 2017.
Dos años después, la primera operación policial del caso Azud acabó con la detención del cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, el 2 de abril de 2019 y su ingreso en prisión durante casi un mes. El análisis de la documentación incautada a Corbín y el examen tributario de las relaciones comerciales de su despacho llevaron a los investigadores hasta el empresario promotor Jaime Febrer. En esta primera parte del caso Azud se ha investigado el presunto amaño del contrato de saneamiento del Ayuntamiento de València, la operación colegios o el intento fallido de impulsar un hospital privado en terrenos públicos, entre otros asuntos.
Por ahora se ha determinado que José María Corbín ingresó más de 5 millones de euros en el periodo 2006-2015 pero sólo acreditó gastos en la empresa por 681.784 euros. El exvicealcalde Alfonso Grau habría recibido, según la investigación, «al menos» dos millones de euros en efectivo y cuatro propiedades inmobiliarias que supusieron el desembolso, con ciertos artificios de ingeniería financiera, de casi 1,5 millones de euros. Aún se investiga si evadió dinero al extranjero.
El descubrimiento de Febrer por los investigadores de Azud les llevó, de rebote, a uno de sus principales colaboradores, el jurista cercano al PSPV, José Luis Vera. Los indicios recabados provocaron la segunda operación policial del caso Azud del 13 de mayo de 2021 que acabó con la detención, e ingreso en prisión, del empresario Febrer, del exvicealcalde Alfonso Grau, y el exportavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Rafael Rubio, éste último por presuntamente haber aceptado 300.000 euros a cambio de su silencio.
Esta segunda operación policial incorporó nuevos investigados como el exsecretario de finanzas del PSPV, José María Cataluña, citado a declarar por la UCO el 15 de mayo de 2021. La documentación incautada a Cataluña provocó la apertura de una pieza secreta el 8 de agosto de 2022 y la tercera operación policial del caso Azud con registros simultáneos en varias provincias y las sedes de varias empresas en octubre. Y la sospecha de que el PSPV habría recibido casi un millón de euros en comisiones para pagar gastos electorales de 2007 y 2008.
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