Más de cien jóvenes se quedan a la espera de un centro durante años tras acabar el colegio de educación especial

Óscar López López tiene 30 años, una discapacidad grave y un autismo severo. Lleva una década en casa, con sus padres, sin terapia, sin rutinas y sin apoyos. Sus padres, ahora jubilados, le atienden lo mejor que pueden, pero con conductas disruptivas, 107 kilos y unos graves ataques de epilepsia que le dejan en estado rígido durante dos y tres horas, la vida se complica. Más aún. Este mes de junio, hará 11 años que la familia espera una residencia. Eso sí, en el “sistema” de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas sólo figuran cuatro. El joven cumplió 20 años y acabó el colegio de Educación Especial. Hoy, ese precipicio llega a los 21 años.

Las asociaciones de padres y madres de alumnos de colegios de educación especial y diversos colectivos de familias de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) aseguran que en cinco años habrá unos 700 jóvenes en esta situación. Y es que cada año, más de un centenar de personas con diversidad funcional entran en la edad adulta con el “abandono de las instituciones” que “no han previsto la creación de nuevas plazas en tiempo y forma de manera que obligan a las criaturas a estar encerradas en casa, esperando un recurso que no llega”.

Por eso, colectivos de diversidad funcional recogen firmas en la plataforma change.org para solicitar “que no se abandone a las personas con TEA al cumplir 21 años y que se creen las plazas necesarias para que todos ellos puedan continuar creciendo y aprendiendo”. “Al eliminar las rutinas de las personas con TEA donde la mayor parte del día se desempeña en el colegio, aumentan los estados de ansiedad, estrés y en ocasiones agresividad, además de un grave deterioro en la convivencia con la familia”, explican en el escrito de recogida de firmas, tras lamentar la falta de plazas y la demora de años en conseguir un centro.

Podría ser la excepción, pero es la regla

El caso de Óscar podría ser la excepción, pero es la regla. No hay plazas públicas para las personas con diversidad funcional que finalizan el colegio. Ni en residencias, ni en centros ocupacionales, ni en centros de día. Nada. Todas las plazas están ocupadas. El acceso a estas plazas pasa por el fallecimiento de la persona que las ocupa o porque la familia lo “saque” del centro por un cambio de comunidad autónoma o un motivo similar. Y cada año, más de un centenar de jóvenes cumplen 21 años y abandonan el colegio de educación especial, su zona de confort, su “otra” familia para pasar a un “abandono institucional” que las familias han decidido denunciar.

Fina, la madre de Oscar, explica con calma que, si antes necesitaba una residencia, ahora le urge. La crisis epilépticas son cada vez más frecuentes y ni el padre ni la madre pueden con él cuando esto ocurre. La familia actúa como le han dicho los médicos. “Le ponemos dos pastillas debajo de la lengua y a esperar a que se le pase la rigidez, para poder subirlo a la cama o sentarlo o que se mueva. Si te pilla en la calle, pues ahí te quedas. Lo ves tirado ahí y se te parte el alma. Por eso salimos lo justo y rezamos para que le pase cuando estamos los dos juntos y en casa. Pero esto no puede ser. Mi hijo necesita un centro adecuado para él, donde le atiendan y tenga sus rutinas y profesionales que puedan trabajar con él. Eso es lo que nos dice su psiquiatra y tiene toda la razón porque nosotros hacemos todo lo posible peor sabemos que no podemos atenderle como necesita”, explica la madre. Y relata otras caídas, otros episodios. Explica su día a día y se pregunta cómo es posible que no haya una residencia para su hijo diez años después de solicitarla porque se acabó su etapa escolar.

Conselleria: plan Convivint

La Generalitat Valenciana es consciente de que la red pública para las personas con diversidad funcional hace aguas. Por ello, hace dos años (en abril de 2021), la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas anunció su primer plan de infraestructuras de servicios sociales, que contempla 247 actuaciones entre 2021 y 2025 y prevé crear 6.600 plazas públicas, generar 3.500 empleos directos y garantizar el acceso equitativo de la ciudadanía a estos recursos. Se trata del plan Convivint y fue presentado con un objetivo claro: que los ciudadanos tengan un recurso social público diurno a 20 minutos de su casa y uno residencial a 30 minutos, así como que en cada departamento haya al menos un recurso de cada tipología (mayores, diversidad funcional, salud mental e infancia).

El plan Convivint implica la construcción de nuevas infraestructuras, pero fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas recalcan que, desde la llegada del Botànic, las plazas públicas para atender problemas de salud mental han pasado de 1.708 en 2015 a las 32.542 en 2022, lo que significa 834 plazas más en distintos recursos como centros específicos, centros de día, centros de rehabilitación e integración o viviendas tuteladas.

En plan Convivint implica invertir 81 millones de euros para duplicar los recursos públicos en diversidad funcional y contar con 27 nuevos centros (17 residencias y diez centros de día). Un total de 810 personas podrán beneficiarse de ello. Respecto a las personas con problemas de salud mental, hay previstas 22 actuaciones (15 residencias y siete centros diurnos) con una inversión estimada de 74 millones de euros y la creación de 880 nuevas plazas que deberían ser una realidad dentro de dos años.

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