"Con el 'call center' se malversó dando a los hechos delictivos apariencia de legalidad"

"Con el 'call center' se malversó confiriendo a los hechos delictivos una apariencia de ilegalidad. Se malversa montando todo este entramado", ha asegurado el Fiscal Anticorrupción en su alegato final del juicio del caso Taula por el presunto amaño del centro de llamadas tributario o "call center" que ha sentando en el banquillo a siete personas desde el 25 de abril por "los 845.000 euros tirados por la alcantarilla" que costó el centro de llamadas tributario en activo de 2013 a 2015.

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La Fiscalía Anticorrupción mantiene las penas para los principales acusados en esta pieza separada del caso Taula: ocho años de cárcel para el expresidente de la Diputación, Alfonso Rus, porque tuvo "un papel nuclear" en la adjudicación del call center entre sus amigos el funcionario de la Diputación de València, Salvador Deusa, y el empresario de Xàtiva, Mariano López". Otros cuatro años de cárcel para el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, por consentir y facilitar el amaño a través de la mesa de contratación controlada por los dos funcionarios juzgados, Salvador Deusa y Ricardo de Ángel, que se enfrentan a seis años de cárcel. Y, por último, el empresario Mariano López para quien Anticorrupción rebaja de 13 a 7 años la petición de prisión, además de su mujer y su cuñada que también ven rebajada la petición de condena de 5 a tres años.

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Una adjudicación que se inició, en palabras del Fiscal Anticorupción, porque "Rus le dijo a Benavent que atendiese a Palomares -propietario de Servimun al que no se ha juzgado por su delicado estado de salud- y a Mariano López, y se puso en marcha la maquinaria administrativa. Esto no fue una adjudicación bajo precio, sino que fue un favor que pidió Mariano López a Rus". Y que ejecutaron los dos funcionarios que controlaron de principio a fin el concurso del centro de llamadas que, a juicio de las pruebas recabadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 18 de València no debería haberse adjudicado a la empresa Servimun porque no reunía los requisitos exigidos para el contrato.

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Ni cumplió con las mejoras ofertadas en la licitación: "Imelsa puso todo salvo las teleoperadoras, que supusieron un gasto de 10.000 euros mensuales. El resto lo hicieron, o bien técnicos de la Diputación, o bien de Imelsa, porque Servimun carecía de medios materiales, personales y técnicos", ha asegurado el Fiscal Anticorrupción.

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"Los fondos públicos se han de emplear para un fin, y si no es para ese fin es malversación. Es indistinto que el lucro sea propio o ajeno -ha asegurado el fiscal en referencia a las maniobras administrativas para la adjudicación-, se castiga la salida de fondos públicos para un destino ajeno al fin inicial", ha asegurado el Fiscal Anticofrupción.

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