La Generalitat guarda silencio ante la petición de la Fiscalia de archivar la pieza de Ciegsa del caso Taula

La Abogacía de la Generalitat ha optado por guardar silencio ante la petición de archivo de la Fiscalía Anticorrupción de la pieza separada del caso Taula sobre las presuntas mordidas cobradas a través de la empresa pública Ciegsa. La Fiscalía Anticorrupción presentó en abril un informe ante el Juzgado de Instrucción 18 de València en el que solicitaba el archivo de la pieza G del caso Taula que ha investigado desde 2018 el presunto pago y cobro de mordidas en la construcción de colegios, a cambio de adjudicaciones en la empresa pública Ciegsa (Construcciones e infraestructuras educativas de la Generalitat SA).

La Fiscalía ve acreditadas las mordidas en Ciegsa pero pide archivar esta pieza del caso Taula por prescripción

En esta pieza están investigados el expresidente de la Diputación de València Alfonso Rus, el exconsejero delegado de Ciegsa y exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, y el yonki del dinero Marcos Benavent, como «recaudador» confeso, además de varios arquitectos y técnicos de Ciegsa y empresarios que presuntamente pagaron las mordidas hasta sumar un total de veinte investigados. 

El Fiscal Anticorrupción veía acreditad el pago de mordidas. Y consideraba en su informe que tanto Caturla como Rus «con claro desprecio por la causa pública y en beneficio propio cobraron cantidades de dinero de las construcciones adjudicadas a través de Ciegsa". Pero consideraba que no puede "establecerse una perfecta correlación entre el dinero recibido y una concreta obra adjudicada». De ahí que los hechos investigados en esta pieza solo podrían ser perseguidos por el presunto delito de cohecho que prescribe a los tres años.

Acción Cívica pide "no regalar impunidad a los corruptos" y abrir juicio por las mordidas en Ciegsa

Las presuntas mordidas supuestamente se pagaron en los años 2005 y 2006 por lo que «debe concluirse que ha transcurrido el plazo legal de tres años, por lo que el delito ha prescrito». Una decisión que se comunicó casi ocho años después de que el juzgado comenzara a investigar el caso Taula en 2015, según recoge el nuevo Fiscal Anticorrupción, que no es el mismo que inició la causa. No obstante, esta pieza separada se inició por auto de 22 de febrero de 2018. 

Acción cívica contra corrupción, que ejerce la acusación popular a través de la letrada de la entidad, Míriam Salmerón, consideraba «inconsistente la calificación realizada por el Fiscal sobre el desvío de dinero público destinado a la construcción de centros educativos al bolsillo de particulares y a la financiación de partidos políticos que se aleja de manera grosera de lo que constituye jurídicamente: corrupción". Por lo que solicitaba al juez titular del Juzgado de Instrucción 18 que dicte un auto para finalizar la instrucción y llevar a juicio esta pieza separada para no «regalar la impunidad a los corruptos».

De ahí que la postura que mostrara la Generalitat en esta pieza separada fuera relevante para que el magistrado isntructor decidiera si archivaba la pieza separada o decretaba la apertura de juicio oral. El silencio de la Abogacía de la Generalitat parece abocar a la pieza a un más que previsible archivo.