La mitad de los menores declarados en riesgo lo son por maltrato y adicciones

La primera investigación sobre la realidad social y administrativa de las situaciones de riesgo en la infancia y la adolescencia en la Comunitat Valenciana ya tiene conclusiones. De esta forma, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, realiza una radiografía sobre una realidad oculta y desconocida y sobre cómo la abordan los servicios sociales, tanto a nivel autonómico como desde las entidades locales. En el informe han participado 109 Ayuntamientos y 11 Mancomunidades (que representan a otras 87 Ayuntamientos), además del Departamento de Sociología I de la Universidad de Alicante y las consellerias de Igualdad y Políticas Inclusivas; Educación, Cultura y Deporte; y Sanidad Pública y Salud Universal. En Síndic abrió la queja de oficio en junio de 2022.

Entre las conclusiones destaca, de entrada, que no existe un protocolo de actuación común ni consenso o coordinación técnica sobre cómo proceder en cada paso de la intervención de menores en riesgo, por lo que a día de hoy "el trabajo de los servicios sociales municipales es poco homogéneo y existe variedad de formas de definir y abordar la declaración de situación de riesgo".

Según el defensor del pueblo valenciano, la conselleria competente en materia de infancia y adolescencia tiene la obligación legal de poner a disposición de las entidades locales un protocolo para la detección, valoración e intervención en situaciones de riesgo con el fin de garantizar la unidad de criterio en el ejercicio de la acción protectora de menores en todo el territorio. Y así lo recomienda en su resolución.

En la Comunitat Valenciana, la competencia para detectar, valorar, intervenir, declarar y determinar el cese de la situación de riesgo corresponde a los ayuntamientos. Sin embargo, la Conselleria debería disponer de datos que permitan el diseño de políticas integrales de prevención y atención a situaciones de riesgo.

El informe remitido por la antigua Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas señala que sólo cuenta con los datos aportados desde los Equipos Específicos de Atención a la Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA), pero no con los de los equipos de atención básica municipales. Así pues, desconoce el grado de eficacia de dichas intervenciones y si hay necesidades que no están cubiertas en las entidades locales y que impiden mejorar su eficacia.

"La conselleria desconoce el grado de eficacia de las intervenciones municipales", señala el informe

De acuerdo con las cifras aportadas por la entonces Conselleria de Igualdad, el número de total de menores atendidos en 2021 tras la intervención del Equipo Específico de Atención a la Intervención con Infancia y la Adolescencia (EEIIA) asciende a 12.885 (6.607 son varones y 6.278 mujeres). Por provincias, 1.916 en Castellón; 3.550 en Alicante y 7.419 en Valencia. De los 12.885 menores valorados en situación de riesgo y derivados a los EEIIA, 616 criaturas habían sido declarados en situación de riesgo, de las cuales 328 son varones y 288 mujeres. Por provincias, 86 en Castellón; 134 en Alicante; y 396 en València.

Motivos de intervención

 La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas sí indica en su informe que los principales motivos de intervención en los EEIIA en 2021 fueron los siguientes:

• Negligencia: 3.673 casos.
• Separación/divorcio: 3.609 casos.
• Salud mental/adicciones: 3.076 casos.
• Maltrato emocional: 1.938 casos.
• Violencia de género: 1.518 casos.

Así, la mitad de los menores declarados en riesgo lo fueron por adicciones, maltrato y violencia de género y la otra mitad, por negligencia y casos de separación o divorcio.

Sin datos representativos

El Síndic considera que la Conselleria no puede eludir la responsabilidad de obtener los datos necesarios para avanzar en el diseño unificado de acciones para prevenir y atender a los niños, niñas y adolescentes que puedan encontrarse en situación de riesgo, argumentando que la competencia en esta intervención corresponde a las entidades locales. Por ello, el síndic recomienda que asuma la responsabilidad de obtener también los datos de las intervenciones de los servicios sociales municipales.

El Síndic también pide a la Conselleria que implante programas de formación de manera que se asegure el acceso de los profesionales de los distintos ámbitos (servicios sociales municipales y autonómicos, sanidad, educación, etc.) y se desarrolle la formación especializada. Además, que se reduzca la interinidad y la movilidad en las plantillas de los EAPB (Equipos Atención Primaria Básica) municipal.