Tribunales

La (presunta) corrupción sentará en 2024 a 44 acusados en el banquillo

Los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y José Luis Olivas serán juzgados a partir de febrero por las presuntas mordidas en Erial 

El exjefe del Consell Francisco Camps también conocerá la sentencia de la última causa contra él, la última pieza de la trama valenciana de la Gürtel

Serafín Castellano, Francisco Camps, José Luis Olivas y Eduardo Zaplana en una imagen del año 2000, en una reunión del comité de campaña del PP.

Serafín Castellano, Francisco Camps, José Luis Olivas y Eduardo Zaplana en una imagen del año 2000, en una reunión del comité de campaña del PP. / José Aleixandre

La agenda judicial del nuevo año vuelve repleta de citas con la justicia. Un total de 44 acusados de delitos relacionados con la corrupción, presunta, se sentarán en el banquillo de los acusados en 2024. Otros esperan en capilla a que finalice la instrucción como algunas piezas del caso Taula que están ya listas para finiquitar la instrucción y enviarlas a reparto a la Audiencia provincial de València para ser enjuiciadas. Los 44 procesados ya tienen fecha fijadas para el juicio oral: caso Taula caja B del PP de València (4 acusados), Erial (15 procesados) y caso Taula pieza de Requena y Enguera (5 acusados), y Taula alzamiento de bienes de Caturla (1 acusado), la pieza de Egevasa del caso Asesorías (3 acusados) y el caso Avialsa o del cártel del fuego (16 acusados) que se juzgará en la Audiencia Nacional

Otras tres piezas separadas del caso Taula-Imelsa esperan en capilla que se finiquite la instrucción y se dicte auto de apertura de juicio oral: la pieza C por el presunto blanqueo de capitales de Alfonso Rus, los contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València y las presuntas mordidas que recaudaba Marcos Benavent (pieza a la que solo falta incorporar como acusado a Vicente Burgos, el exmarido de la exconcejala de Cultura, Maria José Alcón, ya fallecida) y la pieza principal que juzgará los presuntos amaños y mordidas de Marcos Benavent al frente de la empresa pública de la Diputación de València, Imelsa.

EL ERIAL DE ZAPLANA

Juicio por las presuntas mordidas por las ITV y el Plan Eólico

El caso Erial sentará en el banquillo a 15 personas físicas y cuatro jurídicas por las presuntas mordidas pagadas y cobradas durante la adjudicación de los lotes de la Inspección técnica de vehículos (ITV) y el Plan Eólico. Entre los acusados se encuentran los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, además del círculo de confianza más estrecho del primero, como sus dos presuntos testaferros y su exjefe de gabinete. El juicio se celebrará a partir del 1 de febrero en la sección cuarta de la Audiencia de València, la misma que archivó tras casi seis años de instrucción, la causa del presunto pitufeo o blanqueo de capitales en pequeñas cantidades para los cincuenta exconcejales y exasesores del PP del Ayuntamiento de València sobre los que ya se había decretado la apertura de juicio oral. El Partido Popular como persona jurídica también estaba acusado en esta subpieza del caso Taula, que acabó archivada. Zaplana se enfrenta a una pena de 19 años de cárcel, según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción.

LA TRAMA DE ASESORÍAS

Sancho Sempere vuelve al banquillo por un contrato del agua

El exsecretario de Canet d’En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, volverá a sentarse en el banquillo el próximo mes de mayo por el presunto cobro de mordidas a cambio de informes, inexistentes o inservibles, que permitieron a la empresa pública Egevasa lograr la prórroga del contrato de agua potable en este municipio de la comarca de el Camp de Morvedre. La sección de delitos económicos de la Fiscalía de València acusa a la mercantil de pagar 98.110 euros al exsecretario de Canet d’En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere para que «garantizase una prórroga de la concesión del servicio de aguas y que dicha tramitación fuera rápida y sin complicaciones, dado que Sancho Sempere ejercía un control efectivo sobre dicho ayuntamiento». El exsecretario de Canet emitió cuatro informes que no existen o «estaban vacíos de contenido jurídico y sólo contenían textos legales» que no sirvieron para nada, según la Fiscalía

EL RIFLE DE CASTELLANO

El reparto del negocio en la extinción de incendios forestales

Un total de 16 personas serán juzgadas en la Audiencia Nacional a partir de septiembre acusadas de forma parte de una organización criminal que presuntamente se concertó para alterar la contratación y adjudicación de los contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea. El exconseller de Gobernación, Serafín Castellano, se enfrenta a 21 años de cárcel que solicita para él la Fiscalía Anticorrupción. El también exalcalde de Benisanó está acusado de los presuntos delitos de falsedad en documento público (tres años de prisión); un delito continuado de cohecho (6 años de cárcel), malversación (8 años de prisión) y asociación ilícita (4 años de prisión) y otro delito continuado de prevaricación (10 años de inhabilitación para cargo público) por aceptar regalos del cártel del fuego por valor de 167.177,02 euros.

ÚLTIMO FALLO DE LA GÜRTEL

Se resolverá el futuro judicial de Camps y 25 acusados

En 2024 (se desconoce cuándo, puede ser en semanas o meses) también se conocerá la sentencia de la última pieza valenciana de la trama Gürtel que ha juzgado durante ocho meses los 1,8 millones de euros adjudicados en contratos menores de 12.000 euros a las empresas del empresario Francisco Correa, el líder de la trama Gürtel. Un total de 26 personas se sentaron en el banquillo con el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps y tres exconsellers: Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera, a la cabeza de los acusados. Camps se enfrenta a un año de prisión por un presunto delito de tráfico de influencias porque «no intervenía, pero desatascaba» las contrataciones a la Gürtel, según la Fiscalía Anticorrupción

La Audiencia de Valencia juzga la caja "b" de Rita Barberá en 2007 y 2011

En 2024 se juzgarán otras tres piezas del caso Taula-Imelsa cuando se cumple el décimo aniversario de la presentación de la denuncia que originó esta macrocausa de corrupción que ha derivado en doce piezas separadas. Tres ya se han juzgado (Thematica Events, zombis en Ciegsa e Imelsa y el call center), la de las presuntas mordidas en Ciegsa se ha archivado, las tres que se juzgarán en 2024, más otras cuatro que esperan la finalización de la instrucción.

A partir del 23 de enero la sección segunda de la Audiencia de Valencia juzgará la caja b del PP de <strong>Rita Barberá</strong> que permitió el presunto dopaje electoral del PP de València en las elecciones de 2007 y 2011. Por estos hechos se sentarán en el banquillo el exvicealcalde Alfonso Grau (ya condenado por cohecho y pendiente de la instrucción del caso Azud) junto a María del Carmen García-Fuster (secretaria del grupo municipal del PP y alter ego de Rita Barberá), José Eduardo Santón (exconcejal y director de varias fundaciones municipales) y José Salinas, exdirector de la Fundación Valencia Turismo Convention Boureau.

En abril se retomará el juicio a los exalcaldes de Enguera y Requena por la contratación presuntamente fraudulenta de las empresas Servimun y Técnicas Legales Administrativas (TLA). La vista se suspendió en noviembre para incorporar los volcados informáticos. En 2024 también se juzgará al exvicepresidente de la Diputación de València Máximo Caturla por ocultar su patrimonio cuando se sabía investigado. Se enfrenta a dos años y medio de cárcel.

Suscríbete para seguir leyendo