Castellano se sentará en el banquillo 11 años después de las cacerías de Avialsa

Serafín Castellano será juzgado por el caso Avialsa en la Audiencia Nacional del 23 de septiembre al 20 de noviembre de 2024. Una vista que se celebrará once años después de que Levante-EMV destapara el 4 de agosto de 2013 las cacerías que Castellano, que había sido conseller de Gobernación, compartía con el principal contratista de los aviones de extinción de incendios de la Generalitat. Una investigación periodística que derivó en una causa judicial que estalló el 29 de mayo de 2015 cuando Castellano, entonces delegado del Gobierno, fue detenido tras una investigación del titular del Juzgado de Instrucción 2 de Sagunt, Héctor Santamaría, y el Fiscal Anticorrupción, Vicente Torres, ahora magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Castellano fue un político que lo ha sido casi todo en el Partido Popular. Alcalde de Benissanó, dio el salto a la política autonómica en 1999 para ser conseller de Justicia y Administraciones Públicas, titular de Sanidad, síndic del PP en las Corts, conseller de Gobernación desde 2007 a 2014 y delegado del Gobierno desde 2014 hasta que fue detenido el 29 de mayo de 2015, cinco días después de las elecciones municipales y autonómicas. Un caso que provocó la abrupta salida de la política de Castellano.

Levante-EMV adelantó en exclusiva el 4 de agosto de 2013 el presunto trato de favor de la Conselleria de Gobernación a Avialsa T-35, el holding de empresas creado por el empresario del Camp de Morvedre, Vicente Huerta. Una investigación que también destapó el cártel del fuego, que conformaban 14 empresas que extendieron sus tentáculos por la Comunitat Valenciana, Cataluña y Andalucía y otros países como Chile e Italia para pactar los precios de los concursos de extinción de incendios.

En el banquillo de los acusados se juzgará a 16 personas, la mayoría empresarios y también funcionarios

El empresario de Sagunt del cártel del fuego admite que defraudó a Hacienda y esquiva la cárcel con el pago de 649.800 € de multa

Esta investigación judicial generó la creación de cuatro piezas separadas de esta macrocausa de corrupción de las que ya se han juzgado dos. En estas dos primeras vistas, los acusados han alcanzado conformidades por las que reconocen los hechos y logran rebajar las penas. La tercera pieza en juzgarse será la principal. En ella se va a juzgar a dieciséis acusados, entre los que se encuentra Serafín Castellano y Vicente Huerta junto a otros empresarios y funcionarios, por formar una supuesta organización criminal que se concertó para alterar la contratación y adjudicación de los contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea mediante la corrupción de funcionarios y autoridades.

Las dos confesiones del contratista del cártel del fuego complican el futuro del exconseller Serafín Castellano

Responsables civiles

Otras once empresas y una persona física aparecen como responsables civiles subsidiarios que deberán responder con su patrimonio de las multas o indemnizaciones que se determinen si se alcanza una sentencia condenatoria.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para Serafín Castellano un total de 21 años de cárcel al acusarlo de los presuntos delitos de falsedad en documento público (tres años de prisión); un delito continuado de cohecho (6 años de cárcel), otro delito continuado de prevaricación (10 años de inhabilitación para cargo público), malversación (8 años de prisión) y asociación ilícita (4 años de prisión), que suman en total las dos décadas de cárcel a las que se enfrenta el exconseller. Un superviviente de la política valenciana y factótum del PP en todos sus anteriores «ismos»: zaplanismo, campsismo y fabrismo.

La Fiscalía Anticorrupción considera en su escrito de acusación que «Serafín Castellano mantenía una intensa y corrupta relación con [el empresario] Vicente Huerta», propietario de la empresa Avialsa T-35. Para el Ministerio Público, «ambos y la familia y amigos de Serafín Castellano compartían múltiples actividades de ocio en las que fijaban la forma de proceder para lucro del primero y sus empresas con ocasión de la contratación pública con la administración regional». A cambio, según el escrito de acusación, «Vicente Huerta realizaba regalos y pagos a Serafín Castellano y a sus invitados; todo, costeado por Vicente Huerta y sus empresas». El importe de todos los regalos que recibió Castellano, según Anticorrupción, ascendió a «no menos de 167.177,02 euros». Una cantidad a la que «deben añadirse puntuales entregas de dinero para gastos».