Las Corts investigará la gestión del sector público del Botànic a propuesta de PP y Vox

El PP y Vox siguen al ataque contra el Botànic por su gestión del sector público. Ambas formaciones han registrado este jueves en las Corts una petición conjunta para activar una comisión de investigación sobre las "irregularidades" en estos organismos públicos que denunció este martes el president de la Generalitat, Carlos Mazón. Según han explicado los síndics de ambas formaciones, Miguel Barrachina y José María Llanos, la iniciativa persigue "conocer la verdad" sobre el incremento del gasto en estas empresas, frenar las supuestas irregularidades y explorar posibles responsabilidades de los presuntos implicados.

PP y Vox han acordado que la investigación abarque desde el año 2016 hasta 2023, casi todo el periodo del Botànic. La intención es que los comparecientes, que tendrán que ser elegidos por la propia comisión, sean técnicos de los organismos implicados así como algunos de los responsables políticos. Una vez registrada la propuesta, se prevé que vaya a pleno en febrero y una vez aprobada gracias a la mayoría de PP y Vox en las Corts, se constituirá la comisión y se fijará el calendario. El plazo máximo para las conclusiones es de 18 meses, según la iniciativa registrada.

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Barrachina ha vuelto a recordar algunos de los datos aportados por Mazón para justificar la iniciativa, que es la de mayor calado presentada en conjunto por ambos partidos. Así, ha considerado que estas "irregularidades" fueron "generalizadas" durante la época del Botànic y no un "error aislado", recordando que los entes fiscalizadores hallaron "prácticas irregulares en 50 de las 54" empresas públicas. Por eso, ha defendido el derecho a "conocer la verdad" de los valencianos y que se depuren "responsabilidades" por esos 254.000 contratos "a dedo" por valor de 713 millones de euros.

Llanos ha coincidido en la necesidad de "analizar las gravísimas irregularidades" en el sector público instrumental y ha citado el ejemplo de la Sgise, la agencia de Emergencias que según denuncian ambos partidos trató de contratar a las puertas del 28M a 1.800 trabajadores públicos "sin dotación presupuestaria, sin informe y sin ubicación laboral".

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Preguntado sobre el rol de la máxima responsable del sector público con el Botànic, Mako Mira, y que sigue en el Ejecutivo de Mazón, Barrachina ha minimizado su intervención en estas presuntas prácticas irregulares y ha apuntado a los gerentes de cada organismo. "Los responsables son los gerentes. Señalar a una persona tendrá algún sentido político, pero yo no soy capaz de juzgar a los altos cargos de la etapa anterior", ha dicho el síndic del PPCV, que ha reclamado "preguntarle" directamente al expresident Ximo Puig.

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Los síndics de PP y Vox no han sabido cifrar cuántos de los 4.000 contratos que denuncian que fueron formalizados sin informe durante 2022 corresponden a consorcios sanitarios o a la emergencia de la pandemia. En todo caso, Llanos ha puntualizado que los contratos "requieren rigor". "Esta no es la casa de Ximo Puig. Incluso esos contratos han de tener un informe favorable de la dirección general de presupuestos", ha defendido.

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