Servicios Sociales recupera una ayuda de más de 2.500 euros para viviendas tuteladas de Salud Mental

Aumentan la subvención el triple. Las plazas en pisos tutelados subvencionadas vuelven a contar con una ayuda máxima de hasta 2.550 euros y una media de 2.000 euros, lo que supone el triple de lo que se estableció en verano del 2022, cuando el Botànic aprobó un nuevo decreto que regulaba el acceso a prestaciones de dependencia. La decisión del Botànic de reducir la ayuda directa para el pago de las plazas residenciales (en aras de potenciar otros recursos para los usuarios y sus familias) provocó las protestas de las empresas que gestionan estos recursos públicos de salud mental. Ahora, la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, liderada por Susana Camarero, ha vuelto a reconocer el carácter residencial de las viviendas supervisadas de atención a personas con salud mental, de forma que "las personas que necesitan ser atendidas en estos recursos vuelven a disponer de un nivel de ayudas de dependencia incrementado y, por tanto, pueden acceder a una plaza en este tipo de viviendas".

El Botànic redujo la ayuda en aras de que las empresas asumieran esta diferencia entre la subvención que recibía la familia y el coste de la plaza. No fue así y el copago recayó en las familias, que no podían asumir ese coste. "Desde agosto de 2022, se estaba produciendo la paradoja de que había plazas libres en viviendas que podrían ser ocupadas por personas que lo necesitaban y, por la reducción de la ayuda, les resultaba imposible pagarlas. Creemos que la decisión tomada ahora por la Consellería es muy beneficiosa para las personas con problemas de salud mental y permitirá a las entidades seguir prestando estos apoyos que tan buenos resultados están ofreciendo". Así lo aseguran desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), cuyo presidente, José María Toro, no duda en afirmar que establecer "un tope de ayuda en función de cada tipo de vivienda tiene lógica. Algunas han subido a 2.550 euros al mes, las que tienen más requisitos; y otras, las que cuentan con menos personal, se han ajustado a 2.042 euros mensuales, casi el triple de los 715 euros que había antes. Con estas ayudas ya sí que pueden acceder a los centros".

Toro explica que a pesar del "excelente resultado en recuperación que estaba dando el trabajo realizado en este tipo de servicios, la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas del último gobierno del Botànic decidió recortar el tope de las ayudas, lo que provocó un bloqueo del acceso ya que la cuantía de la ayuda era insuficiente para pagar el coste que tenía la plaza. Al mismo tiempo, las personas que necesitaban pasar de una residencia a una vivienda por la mejora de su proceso terapéutico, no lo podían hacer por miedo a perder la ayuda que en ese momento tenían. Ahora, tras todo el trabajo llevado a cabo por la Directora General de Dependencia y Personas Mayores, Beatriz Simón, y su equipo se vuelven a recuperar las ayudas suficientes para que las personas con problemas de salud mental puedan recibir los apoyos necesarios". 

Red pública de gestión privada

En 2015 había 1.708 plazas, la mayoría en la provincia de València. Ocho años después la red estaba formada por 2.542 plazas en diferentes recursos (de los que 1045 estaban en Valencia, 994 en Alicante y 553 en la provincia de Castelló), lo que supone que el número de plazas de la red pública para atender problemas de salud mental creció un 32 % en diez años, a pesar de un trabajo centrado en la "no institucionalización" de las personas con problemas de salud mental cuyas familias, sin embargo, llevan años denunciando que la red es insuficiente y que carecen de recursos residenciales cuando el ingreso es la única opción.