Tribunales
Alfonso Grau y la exsecretaria municipal del PP de València alegan la prescripción de los delitos para no ser juzgados por la caja B
Los magistrados rechazan las cuestiones previas y responderán en sentencia a las alegaciones de las defensas
Europa Press
La sección segunda de la Audiencia de València juzga desde hoy y hasta el 13 próximo de febrero al exvicealcalde de València, Alfonso Grau, la exsecretaria del grupo municipal del PP y alter ego de la exalcaldesa de València Rita Barberá, María del Carmen Carmen García-Fuster, el exconcejal Juan Eduardo Santón y el exdirector de Valencia Turismo Convention Boureau (TVCB), José Salinas por la presunta malversación cometida en las elecciones municipales de 2007-2011. Se trata de la pieza A del caso Taula, la macrocausa de corrupción iniciada en 2014 y que explotó el 26 de diciembre de 2016 que ha alcanzado las trece piezas separadas para indagar el pago de presuntas mordidas a cambio de contratos en el Ayuntamiento y la Diputación de València, además de la Generalitat.
Los dos principales acusados, el exvicealcalde de València Alfonso Grau y Maria del Carmen García-Fuster han alegado la prescripción de los delitos de los hechos que se le imputan. En el caso García-Fuster, defendida por el letrado José María Corbín, cuñado de Rita Barberá (e investigado en el caso Azud), ha defendido que al acusar sólo a la exsecretaria del grupo municipal popular del Ayuntamiento de València por cohecho (tras archivar contra ella el blanqueo de capitales o pitufeo), este delito prescribe a los cinco años. Un extremo rechazado por la Fiscalía Anticorrupción y que los magistrados de la sección segunda de la Audiencia han decidido resolver en sentencia.
En el caso de Alfonso Grau, su letrado también ha señalado que los hechos de 2007 habrían prescrito para él, porque no considera acreditado los hechos de 2011. Un extremo que el Fiscal Anticorrupción ha negado. Y ha afeado la "subjetividad excesiva", de la defensa de Grau, defendido por Jesús Bonet. El Fiscal ha recordado que en este caso de malversación continuada "la prescripción son 15 años, no diez". Y sobre la no acreditación de los hechos de 2011 el Ministerio Público ha señalado que "todos conocemos a Trasgos. A través de ella se realiza toda la financiación irregular del PP. No han prescrito, porque son quince años. Y la prescripción no afecta ni a la campaña de 2007 ni la de 2011".
Técnicamente se juzga a estos cuatro estrechos colaboradores de la alcaldesa de València de 1991 a 2015, Rita Barberá, por los presuntos delitos de malversación y cohecho supuestamente cometidos durante las elecciones de 2007 y 2011. Se les investiga por malversación por el uso de tres fundacionesmunicipales para supuestamente desviar 1,7 millones de euros de presupuesto público para financiar los gastos electorales en las campañas de 2007 y 2011. Unas elecciones que también se financiaron a través de aportaciones dinerarias de contratistas del Ayuntamiento de València a las consultoras de comunicación Laterne Product Council (campaña de 2007) y Trasgos Comunicación (2011), contra los que no se actúa judicialmente porque los hechos han prescrito. Y en el caso de Laterne la empresa ha desaparecido.
En esta pieza A del caso Taula también se investigaba el presunto pitufeo (blanqueo de capitales en pequeñas cantidades) contra cincuenta exconcejales y exasesores del grupo municipal popular del Ayuntamiento de València en las elecciones de 2015. Esta parte de la investigación fue archivada por la sección cuarta de la Audiencia de València en un auto notificado el 14 de diciembre de 2021. Los magistrados de la sección cuarta consideraron que no existía relación entre el presunto dinero negro o en «B» que manejaba Alfonso Grau en las campañas electorales de 2007 y de 2011 y el que presuntamente se le devolvió a los exediles y exasesores en la campaña de 2015 (en dos billetes de 500 euros). La decisión de la sección cuarta de la Audiencia de València, recurrida por la Fiscalía Anticorrupción, fue confirmada por el Tribunal Supremo.
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