Tribunales
La sección segunda de la Audiencia juzgará al exvicealcalde Alfonso Grau por las campañas electorales de 2007 y 2011
El exregidor se sentará en el banquillo junto estrechos colaboradores como Mari Carmen García-Fuster, Juan Eduardo Santón y José Salinas
La pieza A del caso Taula ya tiene tribunal que la juzgue. La sección segunda de la Audiencia de València será la sala que examine los indicios recogidos contra el exvicealcalde de València el exvicealcalde de València, Alfonso Grau, la exsecretaria del grupo municipal del PP y alter ego de Barberá, María del Carmen Carmen García-Fuster, el exconcejal Juan Eduardo Santón y el exdirector de Valencia Turismo Convention Boureau (TVCB), José Salinas.
En esta pieza de la macrocausa judicial (con doce piezas separadas) se investigó el presunto dopaje electoral del Partido Popular de València en las elecciones de 2007, 2011 y 2015. Aunque los hechos de 2015 decayeron al archivar la sección cuarta de la Audiencia de València todo lo relativo al presunto pitufeo (blanqueo en pequeñas cantidades) atribuido al grupo municipal popular en las elecciones de 2015 al entregar mil euros al partido y recibir dos billetes de 500 euros. La sección cuarta árchivó esta parte de la investigación al no acreditarse el origen del "dinero sucio". Los magistrados de la sección cuarta consideraron que no existía relación entre el presunto dinero negro o en «B» que manejaba Alfonso Grau en las campañas electorales de 2007 y de 2011 y el que presuntamente se le devolvió a los exediles y exasesores en la campaña de 2015 (en dos billetes de 500 euros). La decisión de la sección cuarta de la Audiencia de València, recurrida por la Fiscalía Anticorrupción, fue confirmada por el Tribunal Supremo.
La investigación respecto a las elecciones de 2007 y 2011 sí que continuó adelante a pesar de los recursos que también presentaron los cuatro investigados. Así que el núcleo duro de colaboradores de la alcaldesa de València de 1991 a 2015, Rita Barberá, será juzgado técnicamente por los presuntos delitos de malversación y cohecho supuestamente cometidos durante las elecciones de 2007 y 2011. El delito de malversación se les imputa por el uso de tres fundaciones municipales para supuestamente desviar 1,7 millones de euros de presupuesto público para financiar los gastos electorales en las campañas de 2007 y 2011. Unas elecciones que también se financiaron a través de aportaciones dinerarias de contratistas del Ayuntamiento de València a las consultoras de comunicación Laterne Product Council (campaña de 2007) y Trasgos Comunicación (2011), contra los que no se actúa judicialmente porque los hechos han prescrito. Aunque en el caso de Laterne Product Council la empresa ha desaparecido y su propietario, Vicente Sáez Tormo, ya falleció.
Las tres fundaciones presuntamente utilizadas para desviar presupuesto público a gastos electorales de la campaña de Rita Barberá fueron la fundación Turismo Valencia Convention Boureuau (TVCB) (616.000 euros), el Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD) a través del que se desviaron 952.912,19 euros y la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y el Conocimiento (Fivec), que presuntamente destinó 170.000 euros a gastos electorales. La Fundación dedicada a Turismo estaba dirigida por José Salinas y las otras dos entidades por Juan Eduardo Santón, que también fue designado concejal no electo por Barberá en 2007.
La fecha prevista para la vista oral aún no se ha decidido. Pero la fecha más probable se proyecta a 2024, como mínimo, debido a las causas de presunta corrupción que ya están en «lista de espera» para juzgarse.
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