Turismo Valencia pagó 600.000 € sin contrato a la empresa de la campaña del PP en las elecciones de 2007

Dos testigos confirman que los responsables pidieron un borrado de datos informáticos desde «antes de 2009»

Los acusados junto a sus letrados, al inicio del juicio.

Los acusados junto a sus letrados, al inicio del juicio. / Europa Press/Rober Solsona

La Fundación Valencia Turismo Convention Bureau (Ftvcb) pagó 600.000 euros a la empresa Laterne Product Council, la consultora que hizo la campaña electoral del PP de València en 2007, sin contrato. Laterne, la empresa de Vicente Sáez ya fallecido y la empresa ya extinguida, tampoco llegó a estar dada de alta como proveedora en la fundación dedicada a promover el turismo de la ciudad de València, según declararon dos testigos ayer. 

La quinta jornada del juicio de la pieza A del caso Taula, que juzga la presunta caja B del PP de València en las elecciones de 2007 y 2011, se dedicó ayer a la declaración como testigos de trabajadores de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau que, en algunos casos, aún trabajan en su sucesora, Visit Valencia

Uno de los testigos, subdirector general de gestión de la fundación desde enero de 2016, confirmó que la Ftvcb recibió un total de siete transferencias por 610.000 euros entre 2006 y 2008. Unos abonos que se realizaron sin que mediaran contratos o ni siquiera órdenes de pago. 

«A mi se me transmitía que no se comprobaba nada. Recibían órdenes [de los responsables de la fundación, con José Salinas, juzgado en esta causa] y se ejecutaban. Las instrucciones eran: ‘Esto hay que pagarlo’. Y se pagaba. Pero no se hacia comprobación material del bien de entrega o de prestación de servicio». Otra trabajadora, responsable del área jurídica desde 2009, también confirmó no haber visto «nunca archivos relacionados con Laterne». 

Una tercera testigo también confirmó haber dado la orden para que se borrara en el Sigit (Servicio informático de gestión de la información turistica) toda la información anterior a 2009 (desde 2006 que se implantó este sistema informático), aunque fuentes de las defensas explicaron a Levante-EMV que Laterne no tenía por qué estar dada de alta en el Sigit. Además de lamentar que se ocultara información a los investigadores del caso Taula, que tuvieron que hacer un registro tras recibir un anónimo. Un escrito sin firma que advertía de la destrucción masiva de documentos tras la adquisición de varias trituradoras de papel. «Se destruyó mucha documentación en mayo-junio de 2015. No se destruía nada sin autorización de los directivos. En el despacho que yo ocupé habia una destructora de documentación», aseguró el directivo que accedió a la Ftvcb en enero de 2016.  

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) calcula que Laterne y sus empresas satélite recibieron de tres fundaciones del Ayuntamiento de València, Ftvcb entre ellas, un total de 2,2 millones de euros.