Análisis: Sal en las vértebras de España

Confieso que me saltó una vena de rabia ‘palletera’ cuando oía a unos ‘todólogos’ de una radio de ámbito estatal deslegitimar la "solidaridad" valenciana por el envío por barco de agua desalada desde Sagunt a Cataluña para paliar la carencia en la comunidad vecina. El agua del Mediterráneo no es propiedad de nadie, argumentaban.

Obvio que es así. Igual que es obvio que la desaladora es una infraestructura del Gobierno y puede decidir sobre aumentar o reducir su producción y vender o regalar el agua a quien considere. Pero de ahí a que el territorio donde está la planta no tenga nada que decir parece que algo falla, que de nuevo hay un exceso de soberbia y falsa cortesía en la relación entre el Ejecutivo español (el Ministerio de Transición Ecológica, en este caso) y el valenciano.

"Esta medida (la transferencia de agua tratada por barco) no presenta afectación alguna a la comunidad de origen pues no suministra agua a su población". Es verdad la última parte, pero que no tenga afectación alguna se antoja cuestionable, porque los residuos que genera la desalación sí afectan y la planta de Sagunt va a pasar de trabajar al mínimo a estar doce horas al día a pleno rendimiento si cuando llegue junio la situación de sequía en Cataluña no ha mejorado.

De cada cien litros de agua del mar se obtienen algo más de 40 de agua para consumo humano tras el tratamiento en una desaladora. El resto es un agua residual que, según un informe de 2021 del Programa de Medio Ambiente de la ONU, es el doble de salina que la del mar y que, si no se dispersa, puede degradar los ecosistemas costeros y marinos. De momento, la reutilización de la salmuera para otros usos es mínima y, según este documento, el 80 % acaba en los mares. En el caso de Sagunt, no hay posidonia en el litoral, ¿pero podemos asegurar que no hay afección alguna, ni siquiera a largo plazo? Por no hablar del uso de combustibles, aunque sean bajos en carbono, para que la planta funcione y las emisiones de estos.

Lo que quiero decir es que es una buena idea llevar agua a Cataluña para contribuir a mejorar la situación allí. Que está bien que la vicepresidenta Ribera comunique la decisión al presidente valenciano. Pero el poso posterior de que la Comunitat Valenciana no tiene nada que decir deja un regusto amargo. No estaría tampoco de más alguna llamada (o declaración) del presidente del Govern catalán. Molesta este manto pesado y áspero que queda, una vez más, de que algunos tienen las obligaciones y, pocas veces, los derechos de reclamar.

Es verdad, como dice Ribera, que algunas declaraciones de responsables autonómicos destilan "populismo hídrico", pero lo normal en un país normal es que estas cosas se pudieran hablar en una conferencia de presidentes autonómicos (que sigue a la espera, pese a cambiar el reglamento) o en un foro reglado (llámenle Senado o como quieran) donde esté el Gobierno de todos y el de cada uno de los territorios. El problema es que se nos llena la boca con la ‘España de Españas’ y la ‘España federal’ y no pasamos de las etiquetas, que ya se sabe que valen para propaganda y poco más. Después, nada (o muy poco) se mueve en las rijosas estructuras. El problema es ese esqueleto real, las vértebras de un país al que le faltará agua, pero le sobra sal.

Vuelve a quedar claro que esta es la legislatura de los territorios, pero mientras eso es así, los rodamientos del país siguen igual, movidos por la misma cadencia desde el centro y con los mismos dejes del pasado, con ausencia de igualdad y confianza institucional. Algo tendrá que cambiar.