Tribunales
El Fiscal, acerca de la cuenta opaca del PP de València: "Era como la cueva de Alí Babá"
"El PP de València cometió fraude electoral en las elecciones de 2007, 2011 y 2015" asegura el Fiscal Anticorrupción del caso Taula
El Ministerio Público pide nueve años de cárcel para el exvicealcalde de València Alfonso Grau por ser el centinela de la caja B del partido en las elecciones de 2007 y 2011
Los acusados por la presunta caja B del PP que se juzga en el caso Taula. / EFE/Biel Aliño
El juicio del caso Taula por la presunta caja B del PP de la ciudad de València entra en su recta final con los informes de las acusaciones y las defensas. La jornada de hoy se dedica a los alegatos finales de la Fiscalía Anticorrupción, la acusación popular que ejerce Compromís y probablemente la defensa de la exsecretaria del grupo municipal del Partido Popular, Mari Carmen García-Fuster, cuya defensa ejerce el abogado José María Corbín, cuñado de la alcaldesa de València de 1991 a 2015, Rita Barberá.
El Fiscal Anticorrupción ha agradecido a las defensas la "cortesía procesal" que han mantenido, aunque les ha advertido que en su informe final iba a ser "especialmente duro" porque se juzga un "acto de corrupción que debe suponer un duro reproche por la quiebra en las instituciones democráticas que supone, cuando los políticos se presentan a las elecciones como paradigma de la limpieza democrática, por lo que el reproche es mayor".
"El PP cometió fraude electoral"
Porque, ha asegurado categórico: "El PP de València cometió fraude electoral en las elecciones de 2007, 2011 y 2015". Aunque en este último año la práctica irregular del presunto pitufeo fue archivado por la sección cuarta de la Audiencia de Valencia porque no vio demostrado el "supuesto origen del dinero negro". Pese a este archivo, la Fiscalía Anticorrupción considera que "en las tres elecciones el PP ponía en juego una maquinaria para contrarrestar a los restantes partidos políticos gracias a la ventaja económica que conseguía".
"Las donaciones son ilegales"
El representante del Ministerio Público ha destacado que "para conocer cómo funcionó el PP en las elecciones de 2007 y 2011 cabe conocer el contexto: los grupos municipales no deben hacer gastos electorales, las donaciones son ilegales. No deben manejar dinero en efectivo. Y es la gerencia nacional del partido la que asigna presupuesto. Es Madrid quien lo determina a través de ingresos que la tesorería nacional enviará a cada sede, no pudiendo ingresar ninguna otra cantidad".
Sin embargo ha recordado que "el PP tenía dos cuentas corrientes. La legal, porque es lícito, legal y normal. El juego democrático es éste. Y la segunda cuenta del Sabadell donde Carmen García era la que mandaba, la que cobraba como asesora del ayuntamiento e ingresaba las pequeñas corruptelas que decía la concejala de cultura. Era como la cueva de Alí Babá, una cuenta que no se sometía a ningún tipo de control, solo a la voluntad de la acusada", ha defendido el representante del Ministerio Público.
Alfonso Grau era el hombre fuerte del PP
"Y el hombre fuerte del PP era el señor [Alfonso] Grau. Acumulaba cargos por todos los sitios: teniente de alcalde, portavoz del grupo municipal, vicealcalde, presidente de diversas entidades municipales. Y que en la campaña electoral de 2007 es coordinador y suscribe el contrato con el grupo Laterne de Vicente Sáez Tormo, aunque no firma el contrato" cuyo importe es de 150.000 euros para realizar algunos actos de campaña", aunque el gasto final fue de 2.583.000 euros.
"Si el PP firma un contrato por 150.000 euros y Laterne gasta 2.500.000 hay una diferencia de dinero que tiene que aportar alguien. Las cuentas del PP no alcanzan. Y Laterne no va a poner ese dinero", ha defendido el Fiscal Anticorrupción. Así que "¿de dónde salía el dinero público?". La tesis de la Fiscalía Anticorrupción es que el dinero procedía de "fundaciones y entidades creadas por el Ayuntamiento de València".
El dinero procedía de fundaciones
Entre ellas el Centro de estrategias y desarrollo (CEyD). Una asociación sin ánimo de lucro, presidida por Rita Barberá, que delegó en el concejal no adscrito Juan Eduardo Santón, acusado en esta causa. CEyD contrató con Laterne "cuatro contratos. El primero por 223.000 euros por el asesoramiento, dirección y ejecución del Plan City Marketing".
Un segundo suscrito por Alfonso Grau y un testaferro de Vicente Sáez (propietario de Laterne, ya fallecido) que supuso el pago de 200.000 euros por el plan de City Marketing. Aún habría dos pagos por más por "229.000 euros por el desarrollo del Plan de City Marketing. Y el último de 100.000 euros. Eran contratos de un millón de euros en un año. Con una empresa de poco calado, con poco volumen de activo"s.
También Fivec (Fundación para la innovación y el conocimiento), presidida igualmente por Rita Barberá y delegada igualmente en Santón que pagó 120.000 euros sin IVA a Laterne. O las siete transferencias por 616.000 que pagó la Fundación Turismo Valenica Convención Bureau (Ftvcb) "sin contrato y sin rastro de lo que se ha podido realizar".
Pagos sin contrato
Además, la campaña se pagó por los "pagos a Laterne sin contrato, gracias al señor Grau" de las empresas contratistas del Ayuntamiento de València y contra las que no se actúa porque los hechos han prescrito para ellas.
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